Transparencia Internacional (TI), capítulo de Panamá, alertó sobre la inconveniencia de aprobar aumentos salariales y jubilaciones especiales para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Contexto económico crítico en Panamá
En un comunicado, TI recordó que Panamá enfrenta un déficit fiscal elevado, presión sobre el gasto público, informalidad cercana al 50 % y baja recaudación tributaria, lo que limita la capacidad del Estado para atender necesidades prioritarias.
Llamado a un debate transparente y reformas estructurales
La ONG reconoció que jueces y magistrados deben recibir una remuneración adecuada para atraer talento y evitar prácticas indebidas, pero enfatizó que cualquier debate sobre sus beneficios debe ser amplio, transparente y estar vinculado a reformas que fortalezcan la independencia judicial.
Además, advirtió que el periodo de 10 años de los magistrados de la CSJ genera retos adicionales, pues su eventual regreso al sector privado podría influir en sus decisiones.
Fondo especial y reacción política
El Acuerdo 407, aprobado por la Corte Suprema, establece que el fondo para las jubilaciones especiales se financiará con recursos del presupuesto del Poder Judicial, provenientes de impuestos o deuda pública.
El incremento salarial también fue replicado por los magistrados del Tribunal Electoral bajo el principio de “equiparación”.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, solicitó formalmente a la Corte Suprema y al Tribunal Electoral reconsiderar estas medidas, por contradecir el plan de austeridad del Gobierno.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, declaró: “No hay dinero, el país es consciente de que estamos pasando por una situación fiscal difícil”.
Acciones legales en curso
El contralor general, Anel Flores, anunció que presentará demandas de inconstitucionalidad contra la resolución que aprobó las jubilaciones especiales, aunque reconoció que estas serán evaluadas por los mismos magistrados que las impulsaron.