Itzel Fernández, directora nacional de certificaciones de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), explicó el procedimiento que deben seguir los ciudadanos para obtener el carnet que les otorga beneficios económicos. También responde a las recientes críticas del presidente sobre supuestos abusos en el proceso.
Hasta la fecha, más de 26 mil personas han sido beneficiadas con la certificación de discapacidad en Panamá, un documento que permite acceder a beneficios sociales y laborales. Pero no se trata de un trámite automático. Según Fernández, el proceso inicia exclusivamente en el Ministerio de Salud, que es la entidad responsable de emitir el diagnóstico médico. Con ese documento, Senadis procede a realizar una evaluación funcional para determinar si la persona cumple con los criterios establecidos.
Certificaciones temporales y recertificaciones
Fernández explicó que existen condiciones temporales, por lo que la certificación también puede tener un periodo de validez limitado. “Luego de cierto tiempo, puede que la condición de la persona haya mejorado o cambiado, y entonces debe volver a pasar por el proceso de evaluación”, detalló.
¿Se están colando en el sistema?
En medio de las recientes declaraciones del presidente de la República, quien denunció que algunas personas estarían usando certificados de discapacidad para mantener sus puestos en el sector público, Fernández fue enfática: “No hay juega vivo con ese tema. Todo parte de un diagnóstico médico. Si hay un error, debe revisarse desde el diagnóstico”.
Además, recordó que las personas con discapacidad, al igual que cualquier funcionario público, pueden ser removidas de sus cargos, siempre que se cumpla con un proceso administrativo adecuado. “No se trata de intocables. Pero sí se debe respetar el debido proceso”, añadió.
¿Qué tipo de condiciones califican?
Fernández aclaró que nadie es excluido automáticamente del proceso. “Si alguien ha perdido un dedo, una extremidad o un ojo, puede presentar su documentación. Una junta evaluadora médica determinará si califica o no”.
Caso del fotógrafo Aubrey Baxter
Consultada por el caso del fotógrafo Aubrey Baxter, quien perdió un ojo durante protestas contra el contrato minero y denunció que no fue certificado, Fernández explicó que existe una reglamentación clara, basada en estándares internacionales como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud.
Falta de orientación en el sector público
Aunque Senadis no tiene una cifra exacta de cuántos funcionarios públicos han solicitado certificaciones, Fernández reconoce que reciben solicitudes diarias de personas que laboran en el Estado. “También muchas instituciones nos piden orientación para entender cómo proceder con funcionarios con discapacidad. A veces falta docencia sobre los derechos y deberes de estas personas”, comentó.
