El proceso de reforma al sistema de justicia comunitaria, impulsado por el Ministerio de Gobierno, ha reavivado el debate sobre la centralización institucional, la participación ciudadana y la seguridad jurídica de los funcionarios y de la comunidad, en un contexto donde el Gobierno avanza con la aplicación de una nueva normativa que sustituye el modelo anterior.
Lee advierte que la transición se ha dado sin una evaluación profunda del modelo anterior, establecido por la Ley 16 de 2016, la cual, según explica, nunca logró implementarse plenamente como fue concebida. En su lugar, la Ley 467 subroga esa normativa y establece un esquema más centralizado, trasladando el control y la administración de los jueces al Órgano Ejecutivo.
Centralización y riesgos de politización
Uno de los principales señalamientos gira en torno a la eliminación de las comisiones técnicas distritales, que anteriormente evaluaban las quejas contra los jueces de paz. Con la nueva normativa, estas funciones pasan a instancias internas del Ministerio de Gobierno, particularmente a la Dirección de Recursos Humanos, sin mecanismos formales de participación ciudadana.
Para Lee, este cambio representa un retroceso institucional y abre la puerta a la politización del sistema, al depender directamente de una entidad con dirección política.
Incertidumbre laboral y afectación a la comunidad
La transición también ha generado incertidumbre entre los jueces y el personal administrativo que operaba bajo contratos municipales, algunos de ellos vigentes por períodos de hasta 10 años. De acuerdo con Lee, la subrogación de la ley no resuelve automáticamente la situación contractual de estos funcionarios, lo que podría implicar la vulneración de derechos laborales y contractuales.
Esta falta de claridad impacta directamente en la atención a los ciudadanos. En varias comunidades, los jueces continúan asistiendo a sus oficinas sin saber si sus funciones están plenamente vigentes, si recibirán remuneración o si pueden incurrir en extralimitación de funciones al atender casos.
Mientras tanto, los usuarios se enfrentan a un sistema en transición, con procesos inconclusos y dudas sobre dónde acudir para resolver conflictos comunitarios, lo que pone en entredicho la eficacia y el propósito original de la justicia comunitaria de paz.
