Las autoridades indígenas Ngäbe-Buglé denunciaron que su comarca, la más grande de Panamá y ubicada al noroeste del país, está "sitiada militarmente" por las fuerzas de seguridad, que "persigue" y "saca de sus casas" a "dirigentes" y "familias enteras", en medio de las protestas contra una serie de iniciativas del gobierno de José Raúl Mulino.
En concreto, Camaño asegura que la comarca Ngäbe-Buglé "parece una zona de guerra", en la que "el gobierno está utilizando toda su artillería bélica, sin medir las consecuencias, contra nuestro noble pueblo desarmado y completamente vulnerable, donde están afectados bebés, niños, mujeres, adultos mayores e incluso discapacitados".
Denuncian "persecución" y presunta "fumigación"
Las autoridades indígenas denunciaron que presuntamente hay helicópteros "fumigando gas pimienta". Así difundieron unos videos donde se ve a unos helicópteros sobrevolando una área mientras que personas acuden a refugiarse alegando estar afectadas, pero sin mayores detalles.
En un comunicado, las autoridades ngäbe-buglés aseguran que hay una "persecución y atropello implacable contra su pueblo, en una escalada jamás vista que lleva adelante el presidente José Raúl Mulino con todos sus estamentos de seguridad" y piden el cese de esa violencia que denuncian.
La comarca Ngäbe Buglé colinda con la provincia de Bocas del Toro, que se encuentra bloqueada por barricadas en las carreteras montadas por grupos indígenas que protestan contra una reforma a la seguridad social ya vigente. El Gobierno anunció la habilitación de un puente aéreo para hacer llegar insumos básicos y medicinas.
¿Por qué protestan?
Algunos sindicatos de docentes del sector público iniciaron el pasado 23 de abril una huelga indefinida para pedir al Gobierno la derogatoria de una reforma a la seguridad social que consideran neoliberal. A ella se han sumado escalonadamente el sindicado de la construcción, Suntracs, considerado el más poderoso del país y también el de la industria bananera, así como grupos indígenas.
También protestan contra un polémico acuerdo de seguridad entre EE.UU. y Panamá, firmado en medio de la crisis por las intenciones de Donald Trump de "recuperar" el Canal, y contra la minería.
Hay a diario protestas callejeras en la capital y algunas otras ciudades. Los manifestantes obstruyen parcialmente la vía Interamericana, la principal del país y vital para el comercio regional, ante lo cual actúan las fuerzas antimotines para mantenerla despejada.
Así, se registran duros enfrentamientos entre la policía y los manifestantes con epicentro en Veraguas (Oeste) y Bocas del Toro (Caribe), dos de las diez provincias de Panamá. Pero en Bocas del Toro, una de las principales zonas turísticas del país, la situación es más grave con la industria bananera paralizada.
Intenciones políticas detrás de las protestas
El Gobierno ha avanzado en los diálogos con el sindicato bananero pero ya la transnacional Chiquita registra pérdidas millonarias, ante lo cual anunció el cierre definitivo de una finca y una empacadora y trasladó a la vecina Costa Rica a su personal administrativo.
El Gobierno, por su parte, señala intenciones políticas detrás de las protestas, inclusive ha nombrado a diputados y sindicatos que estarían presuntamente promoviéndolas. Justamente, el pasado jueves el presidente panameño advirtió que "al costo que sea" no va a permitir que el país se "tranque"