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Panamá: Endurecen multa por tener a extranjeros sin permiso

Empresas en Panamá que insistan en contratar mano de obra extranjera sin los permisos requeridos por el Mitradel pagarán una multa de B./15 mil.

El presidente de la República de Panamá, Laurentino Nito Cortizo Cohen, sancionó en la tarde de este miércoles la Ley 185, que aumenta la multa por reincidencia en la contratación de trabajadores extranjeros sin la autorización correspondiente y crea la jurisdicción coactiva del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

El jefe del Ejecutivo también dio el visto bueno al proyecto 185, que crea la jurisdicción coactiva del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, readecúa la multa por reincidencia en la contratación de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y da herramientas a la Dirección de Inspección de Trabajo para el cobro del Fondo de Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La norma, presentada por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, otorga la facultad de hacer efectivo el cobro de las sanciones surgidas por la infracción a las leyes laborales.

Se establece que las empresas que por tercera vez incurran en contratar mano de obra extranjera sin los permisos requeridos por el Mitradel pagarán una multa de B/.15 mil.

La normativa también decreta la obligación del pago del Fondo de Seguridad Ocupacional por parte de las empresas cuya violación puede acarrearle el cierre de operaciones.

El Mitradel podrá cobrar las multas y hacerlas efectivas a través de un juez ejecutor, protegiendo la mano de obra nacional y garantizando los derechos humanos de los trabajadores.

Esta ley busca sancionar a las empresas que continúan contratando mano de obra extranjera sin los permisos de trabajo necesarios, desprotegiendo en la práctica a esta población, al someterla a condiciones laborales que implican incertidumbre, explotación y desconocimiento de sus derechos, y que, además, generan distorsiones en el mercado laboral, incidiendo en la percepción y comportamiento de la población.

La norma, presentada por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, otorga la facultad de hacer efectivo el cobro de las sanciones surgidas por la infracción a las leyes laborales.

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