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Panamá cuenta ahora con Red Nacional de Bibliotecas Públicas

A través de esta ley se crea la Red Nacional de Bibliotecas Públicas adscritas al Ministerio de Cultura de Panamá y los centros de lectura.

Redacción Eco
Por Redacción Eco

El presidente de República, Laurentino Cortizo, sancionó la Ley 331 del 24 de octubre de 2022, que establece un marco jurídico para regular las bibliotecas públicas en Panamá.

Esta nueva norma regula las bibliotecas públicas de Panamá, que fortalece el patrimonio bibliográfico y documental de la Nación, y dinamiza su función como institución cultural en espacios libres y participativos. Fue en la Gaceta Oficial 29650-C.

También reconoce “el derecho constitucional” de participar en la vida cultural, promueve el desarrollo de una sociedad lectora y asegura la conservación del patrimonio documental, bibliográfico, hemerográfico, audiovisual y digital del país, destaca un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado.

A través de esta ley se crea la Red Nacional de Bibliotecas Públicas adscritas al Ministerio de Cultura y los centros de lectura, y se promueve la creación y mantenimiento de infraestructuras bibliotecarias que respondan a las necesidades educativas, científicas, sociales y culturales de la población.

Será aplicada a la Biblioteca Nacional y a todas las bibliotecas públicas adscritas a la Red Nacional, así como centros públicos de lectura.

El documento señala que el acceso a las bibliotecas públicas será libre y gratuito a toda la población, sin discriminación de sexo, raza, nacionalidad o discapacidad.

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Panamá cuenta ahora con Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

Panamá cuenta ahora con Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

El Ministerio de Cultura será el ente rector de las bibliotecas públicas, y se encargará del diseño e implementación de las políticas públicas correspondientes.

Los principios de la nueva Ley establecen que el acceso a las bibliotecas será libre y gratuito a partir de su promulgación.

Cortizo sancionó la Ley en el Palacio Presidencial, que fue firmada también por la ministra de Cultura, Giselle González Villarrué.

DATOS

  • La iniciativa fue propuesta en la Asamblea Nacional por los diputados independientes Juan Digo Vásquez y Gabriel Silva.
  • En su exposición de motivos, Vásquez estableció lo expuesto en la reciente ley General de Cultura que, entre otros puntos, abarca “la protección de las expresiones culturales, el patrimonio cultural y el ejercicio efectivo de los derechos culturales”.
  • En su artículo 170, dicha ley establece la obligación del Ministerio de Cultura de implementar una política pública de fortalecimiento de las bibliotecas públicas del país; del mismo modo, el artículo 234 indica que, a partir del año 2022, la Biblioteca Nacional Ernesto 1.
  • Castillero y las bibliotecas públicas dejarán de estar bajo el Ministerio de Educación y pasarán a ser competencia del Ministerio de Cultura.
  • Así mismo se aclara que las bibliotecas escolares se mantendrán bajo la gestión del Ministerio de Educación, aunque con el asesoramiento técnico del Ministerio de Cultura.