El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), el Ministerio Público (MP) y el Órgano Judicial (OJ), suscribieron un convenio interinstitucional para el uso de tecnología de la información y comunicación, a fin de tener acceso al Registro Único de Extranjería para validar y certificar la identidad de los extranjeros, que están en etapa de investigación, proceso judicial o cumplimiento de condena en Panamá.
El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, señaló que esta firma permitirá establecer, mantener y desarrollar relaciones interinstitucionales para cumplir con la normativa vigente y procurar el fortalecimiento continuo de la prestación del servicio que ofrecen, y se darán capacitaciones para el uso correcto de la tecnología.
Por su parte la Magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias indicó este proyecto se refiere a la modernización del sistema de justicia panameño, y a la protección de los niños, niñas y adolescentes, a quienes les debemos no solo un presente, sino también un futuro en el que puedan crecer y desarrollarse íntegramente, de manera segura y saludable, con el invaluable cariño de un núcleo familiar sólido.
En tanto el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, manifestó que a través de este convenio se podrá brindar un mejor servicio a los ciudadanos y permitirá tener a la mayor brevedad posible informaciones de los extranjeros que intenten ingresar al país.
Todo listo para los Censos Nacionales que inician este domingo
El Ministerio Público y al Órgano Judicial tendrá acceso a consultas de los movimientos migratorios de nacionales, extranjeros, al estatus migratorio y tramitación de forma gratuita y expedita de las restricciones de salida del territorio nacional, su levantamiento y suspensión.
En el convenio se establece que los funcionarios que hagan mal uso de las aplicaciones tecnológicas de los datos obtenidos y que genere daños a las instituciones o a terceros, responderán administrativa, civil o penalmente, según corresponda.
Además, cada una de las partes será responsable de los datos que se guarden, actualicen o modifiquen en sus sistemas informáticos, con atención y respeto de los principios y derechos contenidos en la Ley N° 81 de 2019, “sobre protección de datos personales”.