El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá acogió hoy la primera reunión de la Comisión Interinstitucional sobre Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR), para acelerar la ejecución de las recomendaciones recibidas de la Unión Europea y asegurar el acceso de los productos pesqueros de Panamá a sus importantes mercados. La cita convocó a diez diferentes instituciones y organismos del Estado, todos vinculados directamente con las actividades pesqueras y la implementación y fiscalización de la normativa que las regula.
La jornada de trabajo se centró en el Plan de Acción desarrollado por Panamá, interinstitucionalmente, para colaborar al más alto nivel con la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DGMARES), que ha comunicado a Panamá su preocupación por las debilidades en los controles del sector pesquero nacional, al que se ha adjudicado una “tarjeta amarilla” de advertencia de la Unión Europea.
La meta marcada es resolver lo antes posible las debilidades identificadas por DGMARES, que ha efectuado cuatro inspecciones a Panamá, dos de ellas virtuales y dos presenciales, la última en diciembre pasado, y evitar la tarjeta roja de país “no cooperante”.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) es responsable de la pérdida de 11 a 26 millones de toneladas anuales de pescado, lo que equivale a un valor económico estimado de 10 a 23 mil millones de dólares a nivel mundial.
Las prácticas de pesca ilegal afectan la sostenibilidad de los recursos naturales, ponen en riesgo la seguridad alimentaria, atentan contra las leyes nacionales e internacionales y la subsistencia de miles de pescadores artesanales e industriales que viven de esta actividad.
