La directora de Transparencia Internacional Panamá, Olga de Obaldía, advirtió que la corrupción en la Asamblea Nacional es un problema arraigado desde hace más de 15 años y que persiste debido a la falta de controles efectivos y a la opacidad en la administración de los fondos públicos.
De Obaldía recordó que la Contraloría General anunció auditorías robustas en 2023 sobre el manejo de fondos legislativos, pero hasta el momento se han presentado menos informes de los que se prometieron al Ministerio Público: “Hubo un momento de esperanza cuando la Contraloría anunció este trabajo, pero necesitamos que se concrete y continúe”.
Redes clientelares y planillas fantasmas en la Asamblea
Según la activista, el mecanismo que permite la corrupción legislativa no involucra solo a los diputados, sino a toda una estructura de partidos políticos que utiliza fondos estatales para pagar a figuras que no trabajan en la Asamblea, conocidos como “botellas” o “gestores” culturales y deportivos.
Reforma legal pendiente
De Obaldía también comentó el proyecto presentado por el procurador general para endurecer las penas a quienes reciban salarios sin trabajar, señalando que podría ayudar, pero insistió en que el problema radica en la falta de aplicación de las normas ya existentes y en la concentración de los proyectos anticorrupción en la Comisión de Gobierno de la Asamblea, donde suelen estancarse.
Un cambio en la Asamblea, pero no suficiente
Aunque reconoce que hay un grupo de diputados que impulsa mayor transparencia, De Obaldía advierte que los problemas estructurales siguen vigentes: “Sí veo un cambio en el espíritu de trabajo, pero los males que conocemos persisten. Si la Contraloría no rompe este sistema, no habrá una administración correcta”.