El presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, anunció hoy en conferencia de prensa varias medidas, tras la hora de protestas registradas a nivel nacional por el descontento de la población a la sanción del nuevo contrato minero.
Cortizo enumeró los procesos que ha pasado este contrato minero desde gobiernos anteriores.
Cortizo, anunció además el aumento a los jubilados que ganan menos de B/.350.00 al mes e hizo un llamado a la cordura.
Cortizo anunció que, a partir del 20 de noviembre de este año, el aumento para los 120,315 jubilados y jubiladas que reciben menos de B/.350.00 al mes será una realidad. Además, se destinan B/.190 millones anuales por los próximos 20 años para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).
“Con el Contrato Ley 406 de 2023, estamos resolviendo un problema enorme y sin precedentes heredados por mi administración”, señaló.
El mandatario Cortizo indicó que los panameños podemos no estar de acuerdo y tener distintas opiniones, porque la democracia permite expresar esas diferencias, siempre dentro de un marco de respeto.
El gobernante destacó que Panamá está en pleno proceso de recuperación económica, pero los cierres de calles afectan la economía, impiden llegar a los puestos de trabajo, perturban la tranquilidad de la población, se pierden citas médicas y se dificulta la atención de pacientes en riesgo.
Cortizo hizo un recuento de los hechos previos a su administración relacionados con el tema de la mina.
Indicó que cuando asumió el gobierno en el año 2019, Minera Panamá, S.A. ya estaba operando en nuestro país, explotando y exportando cobre y sus minerales asociados.
Cronología:
Explicó el mandatario que esta operación minera se origina en 1991 con un Contrato de Concesión de Exploración.
Luego, en 1997, hace 26 años, se aprobó el Contrato Ley 9 para esa explotación minera. Ocho años después, en el año 2005, el gobierno de Martín Torrijos aprobó el nuevo plan de desarrollo que dio inicio a la construcción de la infraestructura minera. Y cuatro años después, en el 2009, el gobierno de turno autorizó el inicio de la explotación comercial minera.
También recordó que, en el año 2021, producto de una demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia, se formaliza la inconstitucionalidad del Contrato Ley 9.
Cortizo explicó que, ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia, su administración enfrentaba varias opciones, entre ellas el cierre de la operación minera, vulnerando la estabilidad laboral y seguridad jurídica con efectos negativos para la economía nacional; no hacer nada y presentar ante la Asamblea Nacional el mismo Contrato Ley suscritos con la empresa en 1997, tal como hizo el gobierno anterior; y la tercera opción, enfrentar una negociación con la empresa minera.
Luego de una difícil y complicada negociación por más de 2 años, se acordó en el 2023 un contrato entre la empresa Minera Panamá, S.A. y el Estado panameño que garantiza “muchos mejores términos y condiciones para el país”.
El 3 de agosto de 2023, se somete a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que contiene los términos y condiciones que ya eran de conocimiento público acordado entre el Estado y Minera Panamá, S.A.
Luego de amplias consultas ciudadanas, en la Asamblea Nacional y en los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera y La Pintada, se retira el proyecto de ley en atención a las preocupaciones surgidas durante el periodo de consulta.
Una vez incorporados los aportes sugeridos, el proyecto de contrato ley es presentado nuevamente a la Asamblea Nacional en octubre de 2023, siendo este aprobado y sancionado en cumplimiento de lo que establece la Constitución Nacional.
El jefe del Ejecutivo subrayó que con el contrato ley aprobado, se regula una operación minera ya existente desde hace años.
El contrato ley aprobado logra para Panamá, entre otros beneficios, salvaguardar los 9,387 puestos de trabajo directos de la mina con una planilla anual de B/.357 millones que se traduce en un aporte a la Caja de Seguro Social de B/.161 millones cada año. También garantiza con el pago mínimo anual pactado de B/.375 millones que ningún jubilado o pensionado reciba un monto menor a B/.350.00 al mes.
En materia ambiental, el jefe del Ejecutivo indicó que se incluyó, entre otros aspectos, un plan de reforestación, un plan de cierre y postcierre de la mina y la supervisión y fiscalización permanente en el sitio del cumplimiento de sus obligaciones contractuales en materia ambiental.
Por otro lado, señaló que la Ley 11 de 2012 prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, explotación y extracción de minería metálica y no metálica y sus derivados en la comarca Ngäbe Buglé.