El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves que tiene "una amplia expectativa" sobre la cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el sábado en Miami, a donde viajará en la víspera.
Según Mulino, conversó con representantes de entidades internacionales que acudirán y consideran que "el momento es propicio para hablar" tanto del entorno mundial como del regional, en temas que les preocupan: "Mantenimiento de la democracia en nuestros países, la lucha contra la droga, lavado de dinero (...) y la seguridad continental".
Por otro lado, reconoció no tener muchos detalles sobre esta nueva cumbre latinoamericana, bautizada como ‘Escudo de las Américas’, más allá de que el encuentro comenzará al mediodía del sábado en un hotel al sur de Miami y se va a extender hasta las 19:30 horas, consistiendo en un almuerzo de Trump con los líderes regionales invitados en un formato no muy definido y un posterior cóctel.
La mayoría de los participantes son aliados ideológicos de Trump: el argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast, el boliviano Rodrigo Paz, el costarricense Rodrigo Chaves, el dominicano Luis Abinader, el ecuatoriano Daniel Noboa, el salvadoreño Nayib Bukele, el hondureño Nasry Asfura, el paraguayo Santiago Peña o la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.
Disputas por el Canal
La relación con Mulino ha estado marcada, sin embargo, por la tensión tras la elección de Trump como presidente y los primeros meses de su mandato en 2025, cuando amenazó con recuperar el Canal de Panamá dada la supuesta influencia en la vía de China, una afirmación siempre rechazada por Panamá, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en su lucha geopolítica con Pekín.
EE.UU. construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó por más de ocho décadas, hasta su traspaso a Panamá el 31 de diciembre de 1999.
Trump basaba su tesis de la "influencia maligna" de China en el hecho de que dos de los cinco puertos situados en torno al Canal eran operados por una filial del conglomerado chino CK Hutchison, lo que ya no es así desde el pasado 23 de febrero a raíz de un fallo judicial inapelable que declaró nula la concesión.