El expresidente panameño Ricardo Martinelliaseguró este viernes que sus enemigos políticos pretendían matarlo una vez que partiera rumbo a Nicaragua, en cuya embajada en la capital de Panamá está refugiado desde hace más de un año para evadir una condena por lavado de dinero.
En un comunicado, la cancillería anunció que expiró el permiso sin que el gobierno de Nicaragua aceptara recibir al exgobernante como anunció el pasado lunes por considerar que el traslado era una "emboscada", una "trampa".
"Era una vil trampa la que me estaban tratando de hacer, por un lado, me estaban dando una supuesta salida y, por otro lado, me querían joder inventando una serie de cosas", agregó Martinelli, al agradecer a Nicaragua y anunciar que seguirá asilado.
Martinelli, un magnate de 73 años que gobernó Panamá de 2009 a 2014, se refugió en la embajada el 7 de febrero de 2024, poco después de quedar en firme la condena de casi 11 años que se le impuso en 2023 por usar fondos públicos para adquirir un grupo de medios de comunicación.
Alerta roja de Interpol
Nicaragua exigió a Panamá que aclarara si pidió una alerta roja de Interpol contra Martinelli, luego de que la Policía panameña asegura el domingo que estaba en trámite esa circular y luego afirmara que no aplicaba por tratarse de un asilado político.
La cancillería dijo en su comunicado haber enviado a Nicaragua "toda la documentación solicitada" para confirmar que no hay alerta de Interpol, pero aun así no hubo respuesta. Esto "no afecta al reconocimiento" de su "asilo diplomático", agregó.
El caso de Martinelli desató una crisis bilateral, pues el gobierno de Nicaragua aprovechó para reprochar a Panamá haber hecho declaraciones "ofensivas" en su contra.
En diciembre pasado, cuando se quejó del activismo político que Martinelli ha tenido desde su refugio, el presidente José Raúl Mulino afirmó que esa situación violaba las normas del asilo, pero Nicaragua "no tiene ni Dios ni Ley".
Martinelli, que asegura ser víctima de persecución política, también está imputado, en un juicio programado para noviembre, por el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.