La justicia panameña enfrenta cuestionamientos por deficiencias estructurales que van desde investigaciones débiles hasta decisiones judiciales polémicas, en un contexto marcado por la corrupción y la penetración del crimen organizado en distintas instituciones del Estado, según el criminólogo Julio Alonso.
Señala que una mala investigación inicial compromete todo el proceso, ya que impide que un juez de garantías valide adecuadamente la detención o imponga medidas cautelares proporcionales.
También subraya que, aunque otros países han logrado reformar sus sistemas de justicia, hacerlo en Panamá implicaría enfrentar de raíz prácticas como la corrupción, la filtración de información y la cultura del “juega vivo”, fenómenos que, según afirma, afectan tanto a funcionarios de bajo nivel como a estructuras de poder más amplias.
Corrupción, infiltración y casos de alto perfil
Para el especialista, la corrupción sigue siendo un factor determinante en la caída de procesos judiciales complejos. Explica que la infiltración del crimen organizado permite que existan filtraciones internas, avisos anticipados y manipulaciones procesales que terminan debilitando los expedientes antes de llegar a juicio.
Alonso menciona que en Panamá se han visto casos donde personas condenadas o que admitieron delitos en el extranjero permanecen en libertad o reciben medidas cautelares leves, lo que genera la percepción de una justicia con “dos caras”: una que actúa con rigor para la mayoría de los ciudadanos y otra que se diluye frente a intereses económicos o políticos.
Crimen organizado y debilidad institucional
En relación con el crimen organizado, destaca que el enfoque no debe centrarse únicamente en los autores materiales, sino en las estructuras financieras, políticas y económicas que los sostienen. Asegura que atacar estas redes requiere personal altamente especializado, bien remunerado y protegido, capaz de investigar sin presiones ni filtraciones.
Asimismo, cuestiona la vulnerabilidad de áreas clave como la medicina legal y la cadena de custodia, donde bajos salarios y falta de controles internos pueden facilitar errores o actos corruptos que terminan invalidando pruebas fundamentales.
Finalmente, advierte que mientras no se fortalezcan los protocolos, la supervisión interna y la ética institucional, la justicia seguirá enfrentando serias dificultades para responder de forma efectiva a los delitos complejos y de alto impacto que afectan la credibilidad del sistema.
