Para Juan Carlos Araúz, la radiografía del sistema judicial panameño no sorprende: nada cambia. El problema, dice, no es coyuntural ni responde a un caso mediático puntual, sino a décadas de abandono político que han dejado a la justicia “muriendo en soledad”.
Una justicia estancada
Uno de los puntos más delicados es la interinidad de los jueces, especialmente en el sistema penal acusatorio, así como la falta de acompañamiento institucional. “Solo se habla de justicia cuando hay un caso que ocupa titulares, pero su eficiencia no está en la agenda pública ni política”, subraya.
Críticas presidenciales y silencio judicial
El abogado reconoce que el presidente José Raúl Mulino ha sido uno de los pocos actores que mantiene un discurso constante sobre justicia, cuestionando decisiones de jueces de garantías. Sin embargo, Araúz es claro: hablar no basta. El poder político debe actuar y transformar.
Desde su óptica, las críticas del Ejecutivo debieron ser respondidas institucionalmente por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, verificando si se cumplieron los parámetros legales y explicando públicamente los criterios jurídicos detrás de las decisiones judiciales. El silencio advierte solo debilita al sistema.
Araúz también pone el foco en el Ministerio Público. Recuerda que cuando no está de acuerdo con una decisión, tiene el derecho de apelar y que esas decisiones pasan por tribunales superiores. “No se puede instalar la idea de que todo es una cadena de fallas judiciales sin revisar si el Ministerio Público está cumpliendo su rol con competencia y solidez”, apunta.
Transparencia selectiva y falta de vocería
Otro problema estructural es la discrecionalidad en la publicidad de las audiencias. Algunas se transmiten, otras no, sin criterios claros. Para Araúz, esto responde a la ausencia de un régimen disciplinario efectivo para los magistrados y a la falta de una vocería institucional fuerte.
También cuestiona que el ciudadano no pueda ver, en tiempo real, cómo se analizan y deciden casos en el pleno de la Corte Suprema, algo que sí ocurre al menos parcialmente en la Asamblea Nacional. “Si se exige transparencia a otros órganos del Estado, ¿por qué la justicia queda al margen?”, se pregunta.
2026: una oportunidad clave
Con la instalación de una nueva legislatura el 2 de enero de 2026 y la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Araúz considera que el país está ante una coyuntura decisiva. Sobre una posible reelección de la actual presidenta, aclara que la decisión recae en nueve magistrados, pero más allá de nombres, plantea tres cualidades imprescindibles para quien lidere el Órgano Judicial:
- Capacidad de comunicación, para dar la cara ante cuestionamientos y acercar la justicia a la ciudadanía.
- Creatividad e iniciativa legislativa, aprovechando el conocimiento interno para impulsar reformas reales.
- Capacidad de diálogo, indispensable para que las reformas se conviertan en leyes mediante acuerdos entre los tres poderes del Estado.
Si hay reelección, advierte, estas cualidades deberán fortalecerse con hechos, no solo con discursos.
