El Gobierno panameño presentará ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley que busca corregir distorsiones en el mercado eléctrico, además de fortalecer el marco regulatorio para el servicio de electricidad y asegurar su adecuada prestación, en beneficio de los usuarios que se quejan de la prestación.
El referido proyecto de ley busca reducir las frecuentes fluctuaciones de voltaje, interrupciones del servicio y daños a electrodomésticos, así como a deficiencias en los mecanismos de atención, compensación e indemnización al cliente.
La propuesta del Ejecutivo, que regirá para los próximos contratos, incorpora disposiciones orientadas a garantizar una mayor transparencia en la información suministrada a los clientes, plazos definidos para la atención de reclamos, reconocimiento de créditos por incumplimiento de las normas de calidad por parte de las empresas distribuidoras conforme a las normas reglamentarias vigentes, y herramientas que permitan una supervisión más efectiva por parte de la autoridad reguladora.
También se elevan los montos de sanciones a las empresas eléctricas. Los prestadores del servicio de energía eléctrica podrán ser multados hasta por B/.20 millones por infracciones a la Ley o a los contratos de concesión.
Estas medidas procuran equilibrar la relación entre prestadores y usuarios, fortaleciendo la protección del consumidor dentro del sector eléctrico.
Para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios, el proyecto propone que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) pueda intervenir a los prestadores del servicio público de electricidad, durante el tiempo que le tome corregir una falta, o mientras se rescinda o se dé la resolución administrativa del contrato o la terminación de la licencia correspondiente.
Para tal fin, se designará un interventor cuya remuneración deberá ser sufragada por el propio prestador del servicio. Este interventor quedará inhabilitado para mantener vínculos comerciales y/o profesionales con la empresa objeto de la intervención, sus filiales o grupo económico por un periodo de dos (2) años.
Además, el proyecto amplía y precisa las obligaciones de las empresas de distribución eléctrica al incorporar elementos esenciales para la modernización del sistema, tales como la implementación de tecnologías de redes inteligentes, mejoras en los sistemas de medición, estándares de transparencia operativa y compromisos de inversión.
Otros disposiciones de la normativa
Otra innovación es que la electrificación de áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas se incluye como una obligación inherente a la actividad de distribución, ampliando su alcance. De igual manera, se introducen ajustes regulatorios que permiten reconocer estas inversiones dentro de la estructura de costos del sector, asegurando señales económicas adecuadas que viabilicen su ejecución.
La administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Zelmar Rodríguez, indicó unas 150 mil familias que hoy día no cuentan con el servicio, podrán tener acceso a energía eléctrica.
En materia de competencia y estructura del mercado, se proponen ajustes normativos dirigidos a evitar escenarios de concentración excesiva y a preservar condiciones de competencia efectiva, garantizando un entorno equilibrado, transparente y orientado al interés público.
A la vez, se incorporan mecanismos que fomentan una competencia real y efectiva en los procesos de venta del paquete mayoritario de acciones de empresas concesionarias de distribución eléctrica.
Régimen sancionatorio
Otros ajustes apuntan al régimen sancionatorio y las facultades de la autoridad reguladora, a fin de robustecer la eficacia del sistema de fiscalización y cumplimiento normativo, entre otros, con la ampliación de las facultades de cobro coactivo contemplada en el Texto Único de la Ley 26 de 29 de enero de 1996, para procesos administrativos cuyo objeto sea el resarcimiento económico al cliente final.