El presidente de la República, José Raúl Mulino, anuncio este lunes el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá para explorar un posible acuerdo que genere mayores beneficios para el país, instruyendo a un equipo interministerial liderado por el ministro Julio Moltó para conducir este proceso negociador.
- Propiedad de los recursos: los minerales del subsuelo pertenecen en su totalidad a Panamá.
- Beneficio económico: el país deberá obtener el máximo beneficio, con resultados que se sientan en todo el territorio nacional.
- Soberanía: ninguna empresa podrá decidir sobre el territorio, las aguas o el espacio aéreo panameño.
- Protección ambiental: se exigirán los más altos estándares, con controles estrictos, fiscalización independiente e información pública.
- Respeto a la ley: cualquier acuerdo deberá cumplir plenamente con la Constitución y las leyes de Panamá.
Condiciones económicas, laborales y cierre definitivo sin prórroga
Las conversaciones evaluarán la posible reactivación de la actividad minera condicionada a beneficios reales para Panamá, la generación de miles de empleos exclusivamente para panameños, el control y registro abierto de los materiales extraídos, el uso responsable del agua y la terminación de todos los procesos arbitrales contra el país.
Como exigencia central, cualquier eventual consenso deberá incorporar un plan de cierre ordenado, verificable y definitivo financiado por la empresa, incluyendo reforestación y prevención de daños ecológicos, el cual no será negociable ni tendrá opción a prórroga.
Participación ciudadana bajo el Acuerdo de Escazú y nueva figura jurídica
Mulino subrayó que este anuncio marca apenas el comienzo de un proceso transparente que contará con la información pública y participación ciudadana, dando prioridad a las comunidades cercanas al proyecto conforme a lo estipulado en el acuerdo de Escazú.
El mandatario precisó que un eventual acuerdo no consistirá en una concesión tradicional y que, de alcanzarse, el equipo ministerial dará a conocer la figura que lo sustentará en estricto apego al marco constitucional vigente.