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Gobierno ordena suspender a entidades las celebraciones de Navidad con fondos públicos

El Gobierno Nacional ha reiterado que estas decisiones forman parte de un plan más amplio para garantizar la sostenibilidad financiera y la transparencia.

Gasto de fondos públicos

La medida, anunciada el 4 de diciembre de 2024, se basa en la Resolución No. 66-24 del 30 de julio de 2024, que establece medidas de austeridad fiscal y administrativa para reducir gastos en el Gobierno Central, instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros.

Esta disposición incluye la cancelación de fiestas, agasajos, convivencias y otras actividades navideñas organizadas con recursos del Estado, con el propósito de optimizar el uso de los fondos públicos en un contexto de contención fiscal.

El Gobierno reafirmó su compromiso de priorizar el gasto público en áreas esenciales y estratégicas, buscando garantizar una gestión responsable de los recursos del país.

La decisión afecta principalmente a las actividades tradicionales que realizan diversas instituciones gubernamentales durante la temporada navideña. Sin embargo, representa un esfuerzo por ajustar las finanzas públicas y mantener la disciplina fiscal ante los desafíos económicos actuales.

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El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Presidencia, mediante una circular firmada por el ministro Juan Carlos Orillac, informó la suspensión de las fiestas y actividades relacionadas con la Navidad que sean financiadas con fondos públicos.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Presidencia, mediante una circular firmada por el ministro Juan Carlos Orillac, informó la suspensión de las fiestas y actividades relacionadas con la Navidad que sean financiadas con fondos públicos.

Para quienes deseen realizar celebraciones, estas deberán ser organizadas con recursos privados o externos, sin comprometer el presupuesto estatal, detalló la circular.

Austeridad y enfoque responsable

El Gobierno Nacional asegura que estas decisiones forman parte de un plan más amplio para garantizar la sostenibilidad financiera y la transparencia en el manejo de los fondos públicos, asegurando que los recursos se destinen a sectores prioritarios como educación, salud y programas sociales.