POLÍTICA Política -  27 de julio de 2026 - 10:47

Alcaldesa de Arraiján es multada por la ANTAI tras contratación de dos familiares

De acuerdo con la resolución, "se sancionó a la Alcaldesa con una multa equivalente al 50 % de su salario mensual", reveló la ANTAI.

Albis Calderón Sánchez
Por Albis Calderón Sánchez

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) informó sobre la imposición de sanciones y recomendaciones de destitución contra 20 servidores públicos, tras concluir investigaciones administrativas relacionadas con faltas al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.

Nuevas sanciones de la ANTAI

Entre las decisiones destaca la sanción impuesta a la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Peñalba, quien recibió una multa equivalente al 50 % de su salario mensual por la contratación de dos primos para laborar en el municipio.

De acuerdo con la resolución, "se sancionó a la Alcaldesa con una multa equivalente al 50 % de su salario mensual, al comprobarse que contrató a dos primos hermanos para laborar en dicha institución, configurándose un caso de conflicto de intereses".

La ANTAI precisó que, aunque ambos familiares presentaron su renuncia en enero de este año, "la contratación vulneró las disposiciones éticas aplicables a los servidores públicos".

Adicionalmente, la entidad recomendó la destitución de una funcionaria que mantenía un vínculo de afinidad con la alcaldesa, al ser madre de los hijos de uno de los primos contratados, al considerar que esta situación también configura un conflicto de intereses.

Sanciones en la Unachi y otras instituciones

En la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), la ANTAI sancionó a 10 servidores públicos por incurrir en nepotismo al mantenerse laborando dentro de la misma unidad administrativa junto a familiares, en contravención del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.

Asimismo, otra servidora pública de esa casa de estudios fue sancionada con el descuento del 30 % de su salario mensual por el uso inadecuado del tiempo de trabajo. Según la investigación, durante un período de cuatro meses acumuló 33 tardanzas, incumpliendo los deberes inherentes al ejercicio de la función pública.

En la Caja de Seguro Social (CSS), la ANTAI recomendó la destitución de dos servidoras públicas por incurrir en faltas graves al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos. La investigación concluyó que ambas no realizaban el registro de asistencia y que no existía una resolución formal emitida por la autoridad competente que las eximiera de esa obligación. Además, se determinó que no se mantenía un mecanismo de control que permitiera verificar el cumplimiento efectivo de su jornada laboral.

Otras medidas disciplinarias

La entidad también informó sobre otras sanciones administrativas:

  • En la Dirección General de Ingresos (DGI), provincia de Coclé, fueron sancionados dos servidores públicos por incurrir en conflicto de intereses. Entre los hechos acreditados, uno de los funcionarios representaba de manera particular a otra servidora pública en procesos litigiosos durante su jornada laboral.
  • En el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), un servidor público fue sancionado por no reunir los requisitos establecidos para el cargo que ocupaba.
  • En el Ministerio de Educación (Meduca), provincia de Chiriquí, un servidor público fue sancionado por incumplir su jornada laboral.
  • En la Gobernación de la provincia de Panamá, una servidora pública fue sancionada al comprobarse que no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo para el cual fue nombrada.

La ANTAI reiteró que continuará ejerciendo sus funciones dentro de sus competencias "con objetividad, independencia y estricto apego a la ley, velando por el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia, probidad e integridad en la administración pública".

La institución añadió que estas actuaciones reflejan su compromiso de fortalecer la ética en el servicio público y garantizar que toda conducta contraria a la normativa vigente sea investigada y sancionada conforme al debido proceso y al marco jurídico aplicable.

En esta nota: