La Fiscalía de Panamá abrió de oficio una investigación por delitos en perjuicio del Estado en el caso de la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CJ Hutchison, para la operación de dos puertos a la entrada del Canal interoceánico, según una carta del fiscal general difundida este martes.
La Fiscalía adelanta una investigación por la presunta comisión de un delito contra la administración pública y otros delitos en perjuicio del Estado relacionada con el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997 "Por la cual se aprueba el contrato a celebrarse entre el Estado y la Sociedad Panamá Ports Company S.A, para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de contenedores, ro-ro, de pasajeros, carga a granel y carga general en los Puertos de Balboa y Cristóbal", dice la carta.
El contralor Flores aseguró el lunes que la auditoría iniciada en enero pasado a PPC ha arrojado una serie de incumplimientos del contrato, una deuda de 300 millones de dólares con el Estado e irregularidades en la renovación automática de la concesión.
Nueva concesión
PPC maneja, desde 1997, Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), dos de los cinco puertos en torno al Canal, que fueron otorgados por un contrato de concesión de 25 años que fue extendido de manera automática por igual término en junio de 2021, en medio de denuncias de supuesta corrupción y de condiciones desfavorables para el Estado panameño, que cuenta con el 10 % accionarial.
El contralor reveló que una modificación en las condiciones de la concesión, realizada en el año 2002, derivó en que en dos décadas el fisco dejara de percibir "unos 1.200 millones de dólares, a razón de 55 millones de dólares por año".
Además, la renovación automática de la concesión a PPC aprobada por la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) "no contó con todos los requerimientos de ley y tampoco cuenta con el refrendo de la Contraloría General", algo a lo que obliga la ley, afirmó Flores, que anunció que interpondría próximamente una denuncia ante la Fiscalía.
Ya en febrero pasado, el fiscal general tildó de "inconstitucional" la concesión a PPC y pidió a la Corte Suprema de Justicia que así lo declarara, al emitir una opinión -no vinculante- que le pidió el máximo tribunal, en el marco del estudio de una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato de PPC presentada a inicios de ese mes.
Puertos en el Canal
Los puertos de Balboa y Cristóbal están en el centro de la diatriba del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien afirma que "China está operando el canal", por lo que su Gobierno va a "retomar" la vía que une el Atlántico con el Pacífico y por la que pasa el 3 % del comercio mundial.
En marzo pasado, Trump tildó de victoria y dijo que su Gobierno había comenzado a recuperar el paso navegable, luego de que se anunciara que un consorcio -liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock- acordó con CK Hutchison el traspaso de la concesión de los dos puertos, en el marco de una operación global que involucra a más 40 terminales en una veintena de países y casi 23.0000 millones de dólares.
"Nuevamente, miente el presidente Trump. El Canal de Panamá no está en proceso de recuperación (...) El Canal es panameño y seguirá siendo panameño!", respondió, a su vez, el presidente del país centroamericano, José Raúl Mulino.
La compraventa de los dos puertos panameños se iba a concretar el pasado 2 de abril, pero una investigación del regulador chino ha retraso el proceso. EFE