El reciente fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que declara inconstitucional la Ley 5 de 1997 que otorgó la concesión para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, ha generado un debate político, económico, diplomático y legal, en medio de la transición anunciada por el gobierno.
"Hemos venido a notificarnos del fallo que ha declarado inconstitucional el contacto del PPC, un gran triunfo para la República de Panamá que obviamente hoy día marca un antes y un después de lo que va a ser nuestra relación portuaria" dijo Flores.
El contralor agregó que el deber de la entidad, era presentar los recursos al detectar anomalías en la concesión.
Procurador espera notificación
El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, aclaró que hasta el momento no ha recibido notificación formal de la decisión judicial emitida por el Supremo.
Durante la presentación de su informe a la Nación, Gómez indicó que tuvo conocimiento del fallo únicamente a través del comunicado emitido por la Corte Suprema, en el que se informa que el Pleno acogió de manera unánime el criterio emitido por la Procuraduría General de la Nación.
Gómez explicó que, conforme al Código Judicial, debe ser notificado de forma personal del fallo para que este quede ejecutoriado, posteriormente sea publicado en la Gaceta Oficial y se comunique a la autoridad que emitió el acto declarado inconstitucional. Reiteró que este tipo de decisiones son finales, definitivas y de obligatorio cumplimiento.
Empresarios piden estabilidad
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) reafirmó que es esencial la continuidad de la cadena logística de Panamá, tras el fallo judicial.
El gremio reconoce los cuestionamientos de ilegalidad y falta de transparencia en los procesos de equiparación y renovación del contrato de la nación con Panama Ports, los cuales finalmente derivaron en la declaratoria de inconstitucionalidad.
"Aunque esta sentencia podría interpretarse como un mensaje adverso a la inversión privada en Panamá, Apede sostiene que la defensa de la estabilidad jurídica no equivale a la protección automática de concesiones o contratos, sino al fortalecimiento de los mecanismos institucionales en defensa del interés público", señala el gremio.
La Apede considera que las empresas exportadoras y el sector privado en general no deberían verse afectados por esta decisión. Panamá mantiene relaciones comerciales diversificadas, reglas claras y una plataforma logística que continúa operando con normalidad.
“El mensaje del presidente ha sido claro: hay continuidad, hay reglas y hay seguridad jurídica. Eso es lo que valoran los mercados y los socios comerciales. La estabilidad no se mide solo por un fallo, sino por la forma responsable en que un país gestiona sus decisiones”, dijo Giulia De Sanctis, presidenta de Apede.
Estados Unidos celebra decisión
El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera señaló que la decisión de la CSJ de anular la concesión de CK Hutchinson "reafirma enérgicamente el Estado de derecho".
"Este fallo fortalece la seguridad nacional de Panamá y su clima de inversión al impulsar la previsibilidad, imparcialidad y confianza en las leyes. Los inversionistas corroboran que los contratos válidos son protegidos y los inapropiados son corregidos, haciendo que Panamá sea más atractivo para inversiones de calidad y a largo plazo", recalcó el diplomático en su pronunciamiento.
La decisión hace posible una revisión de la gobernabilidad de los puertos, así como de los procesos transparentes y competitivos para atraer inversiones de clase mundial que brindan innovación, eficiencia, empleo de calidad y fortalecen el papel de Panamá como un centro logístico líder.