¿El Estado al mando de la mina? Hoyos propone contratar a First Quantum

Hoyos cuestiona alcance del fallo sobre la mina

El exmagistrado consideró que la Corte llevó las consideraciones ambientales a un extremo al utilizarlas como parámetro para el análisis constitucional del caso minero.

A su juicio, la situación es diferente cuando se trata de los tratados internacionales de protección de inversiones, los cuales también deben ser considerados al analizar las consecuencias del conflicto.

“Me parece a mí que cometió la Corte en el caso de la sentencia minera, sobre todo llevar las cosas ambientalistas a un extremo como un parámetro de juicios constitucionales, no así, sin embargo, los tratados de protección de inversiones”, afirmó. “Me parece a mí que cometió la Corte en el caso de la sentencia minera, sobre todo llevar las cosas ambientalistas a un extremo como un parámetro de juicios constitucionales, no así, sin embargo, los tratados de protección de inversiones”, afirmó.

Hoyos señaló que el fallo establece como inconstitucional el contrato de concesión y la ley mediante la cual fue aprobado, pero sostuvo que la Constitución panameña garantiza la actividad minera.

“Lo que es obligatorio en el fallo de la Corte es lo que se señala allí, solamente que es inconstitucional ese contrato de concesión y la ley que lo aprobó, pero la actividad minera está garantizada en la Constitución”, explicó. “Lo que es obligatorio en el fallo de la Corte es lo que se señala allí, solamente que es inconstitucional ese contrato de concesión y la ley que lo aprobó, pero la actividad minera está garantizada en la Constitución”, explicó.

¿Qué opciones tendría el Gobierno para la mina en Donoso?

Ante el escenario generado por el fallo judicial, Hoyos planteó que el Estado podría explorar fórmulas distintas a una concesión tradicional.

Entre las alternativas mencionó la posibilidad de que el Estado explote directamente el proyecto minero y contrate a Minera Panamá o a First Quantum para operar la mina bajo un esquema de honorarios.

“Lo que esa ley impide naturalmente es una concesión, pero puede haber otras fórmulas, por ejemplo, que explote directamente el Estado y contrate a Minera o a First Quantum para que opere la mina por algún tipo de honorarios”, manifestó. “Lo que esa ley impide naturalmente es una concesión, pero puede haber otras fórmulas, por ejemplo, que explote directamente el Estado y contrate a Minera o a First Quantum para que opere la mina por algún tipo de honorarios”, manifestó.

La propuesta abre el debate sobre posibles mecanismos jurídicos y económicos que permitan al Estado administrar la actividad sin recurrir al modelo de concesión declarado inconstitucional.

Hoyos: la minería ya es un asunto de seguridad nacional

El exmagistrado también consideró que el conflicto alrededor de la minería en Panamá ha adquirido una dimensión que va más allá de los aspectos económicos, sociales y ambientales.

“Yo creo que el problema de la minería ya ha trascendido lo meramente económico, social y ambiental, ahora es un problema de seguridad nacional”, afirmó. “Yo creo que el problema de la minería ya ha trascendido lo meramente económico, social y ambiental, ahora es un problema de seguridad nacional”, afirmó.

La declaración refleja, según Hoyos, la importancia estratégica que ha adquirido para Panamá el futuro del proyecto minero y las consecuencias que puedan derivarse de las decisiones que adopte el Estado.

Arbitrajes internacionales amenazan las finanzas públicas

Otro de los puntos abordados por Hoyos fueron los arbitrajes internacionales que enfrenta Panamá relacionados con disputas de inversión.

El exmagistrado calificó las posibles obligaciones económicas derivadas de estos procesos como una amenaza significativa para las finanzas públicas.

“Simple y sencillamente no tienen precedentes las sumas que se están disputando en arbitrajes internacionales y son una grave amenaza para las finanzas públicas”, advirtió. “Simple y sencillamente no tienen precedentes las sumas que se están disputando en arbitrajes internacionales y son una grave amenaza para las finanzas públicas”, advirtió.

El escenario podría representar un desafío adicional para las autoridades, especialmente ante las elevadas cantidades que están en disputa en diferentes procesos internacionales.

Seguridad jurídica e inversión extranjera

Hoyos también vinculó el escenario de los arbitrajes y las decisiones judiciales con otro de los desafíos que enfrenta Panamá: la capacidad de atraer inversión extranjera directa.

“Panamá, otro de los problemas que tenemos ahora mismo en cuanto al crecimiento económico es la baja inversión extranjera directa”, sostuvo. “Panamá, otro de los problemas que tenemos ahora mismo en cuanto al crecimiento económico es la baja inversión extranjera directa”, sostuvo.

A su juicio, uno de los factores que ha afectado la llegada de capital extranjero es el deterioro de la percepción sobre la seguridad jurídica.

“Parte del problema ha sido la seguridad jurídica que ha sido fuertemente sacudida por unas decisiones de la Corte”, afirmó. “Parte del problema ha sido la seguridad jurídica que ha sido fuertemente sacudida por unas decisiones de la Corte”, afirmó.

Arturo Hoyos rechaza una Constituyente originaria

Durante la entrevista, Hoyos también se refirió al debate sobre una posible Asamblea Constituyente y expresó su desacuerdo con la convocatoria a una Constituyente originaria.

“Yo lo veo difícil, yo no estoy de acuerdo con una constituyente originaria”, manifestó.