Las protestas generadas en los predios de la 5 de mayo, contra la aprobación del contrato minero siguen dejando episodios sumamente llamativos. Este jueves la Defensoría del Pueblo informó que se abrió una queja de oficio contra la Policía Nacional, para investigar la presunta vulneración al Derecho a la Integridad Personal, por el uso de la fuerza excesiva durante las protestas de diversos grupos de la sociedad civil a las afueras de la Asamblea Nacional.
La Defensoría del Pueblo señala que oficiales del Plan de Acompañamiento Ciudadano (PAC) pudieron constatar que durante las protestas del lunes 29 y martes 30 de agosto, miembros del Control de Multitudes de la Policía Nacional utilizó de forma desmedida gas irritante y “pepper ball” para mitigar y replegar tanto a manifestantes como a transeúntes, causando afectaciones y heridos.
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Desde la Defensoría del Pueblo señalaron que mantienen personal en el área de las protestas.
"Los cuatro días hemos mantenido presencia para verificar de que las manifestaciones se cumplan dentro de los procedimientos, las personas tengan ese derecho a manifestarse y que la Policía Nacional no abuse de la fuerza, así que vamos a estar aquí y en todas las que se den, sea en este o en otro caso", dijo el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc González, desde el área de los hechos. "Los cuatro días hemos mantenido presencia para verificar de que las manifestaciones se cumplan dentro de los procedimientos, las personas tengan ese derecho a manifestarse y que la Policía Nacional no abuse de la fuerza, así que vamos a estar aquí y en todas las que se den, sea en este o en otro caso", dijo el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc González, desde el área de los hechos.
Vigilantes en el interior del país
A su vez, los Oficiales de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo Regional de Coclé, durante la protesta de este jueves por moradores de Rio Grande quienes solicitan la culminación del nuevo Centro de Salud, solución a la falta de agua y reparación de las carreteras; fueron víctimas por el uso desproporcionado de la fuerza por los estamentos de seguridad.
