En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato Ley 406, mejor conocido como contrato minero, suscrito entre el Estado y una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals por infringir 25 artículos de la carta magna del país centroamericano.
El contrato Ley daba derecho a la minera a seguir extrayendo y comercializando cobre por los próximos 20 años, prorrogable por otros 20 más, en una zona boscosa de 12.955 hectáreas en el norte y Caribe panameño.
La empresa comenzó a enviar mineral al extranjero en junio de 2019 y reportó exportaciones por 2.850 millones de dólares en 2022. Su inversión, asegura, supera los 10.000 millones de dólares en casi una década.
¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DEL FALLO DE LA CORTE?
El dictamen llevaría al cierre de la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica, de acuerdo con juristas y activistas ambientales. De hecho, la Corte Suprema de Justicia en su decisión dispuso que el efecto del veredicto de inconstitucionalidad debe ser interpretado en el sentido de que no existe concesión minera.
El presidente Laurentino Cortizo dijo que acataba el fallo y que una vez que sea publicado en la Gaceta Oficial “se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina”.
Panamá no tiene experiencia al respecto y según analistas precisaría apoyo técnico internacional. La posibilidad de que la minera y el Estado busquen un nuevo acuerdo no parece una opción tras el rechazo rotundo de la población mostrado durante más de un mes de protestas.
¿PODRÍA PANAMÁ SER OBJETO DE RECLAMOS A TRAVÉS DE ARBITRAJES INTERNACIONALES?
Los analistas dicen que la empresa First Quantum Minerals es libre de promover reclamos por vía a través de arbitrajes internacionales con base en tratados comerciales suscritos entre Panamá y Canadá en busca de un resarcimiento. De hecho, antes del fallo la empresa dijo en un comunicado que se reservaba el derecho de activar medidas para defender su inversión.
Con el fallo, el Estado panameño y la minera se encaminan a un arbitraje en la ciudad de Washington en el centro internacional de arbitraje de disputas de inversión del Banco Mundial, aseguró a AP Rodrigo Noriega, quien tiene un doctorado en Derecho Internacional Ambiental de la Universidad de Yale.
Marta Cornejo, quien fue una de las demandantes del contrato minero, dijo que “no temamos a ninguna demanda arbitral porque nosotros tenemos las pruebas. Con contundencia vamos a demostrar en los tribunales internacionales que somos capaces de probar que los corruptos intentaron vender nuestra nación y que una transnacional a sabiendas de que violaba todas las normas constitucionales, que en efecto se violaron, continuó adelante”.
En un comunicado tras el veredicto, la minera aseguró que desde el inicio ha “operado de manera consistente con transparencia y estricto apego a la legislación panameña”. Destacó que el contrato minero fue el resultado de “un proceso de negociación largo y transparente, con el objetivo de fomentar beneficios económicos mutuos, garantizar la protección del medio ambiente”.
¿QUÉ PASARÁ CON LOS MILES DE EMPLEOS QUE GENERA LA MINERA?
Cortizo, que defendió el contrato minero argumentando que preservaría 9.387 empleos directos (más de lo que reporta la minera), dijo tras el fallo que el cierre de la mina debe ser atendido de manera “responsable y participativa” por el impacto que tendría, incluido el laboral, aunque dejó incierto el futuro de los trabajadores.
La empresa ha subrayado que la mina genera 40.000 empleos, entre ellos 7.000 directos, y que aporta el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto panameño.
Tras el fallo, los trabajadores de la mina convocaron protestas simultáneas en la capital y en provincias. “No vamos a permitir que se pongan en riesgo nuestros puestos de trabajo que son el sustento para nuestras familias”, dijeron en un comunicado.
Gordón, el decano de Economía, refirió que en otras ocasiones Panamá ha tenido que hacerle frente a circunstancias que ocasionaron desempleo masivo, como en la reciente pandemia de coronavirus en la que 85.000 panameños perdieron sus trabajos y a fines de la década de los noventa cuando miles quedaron cesantes tras la salida de las bases militares estadounidenses.
¿CUÁLES SERÁN LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS TRAS UN EVENTUAL CIERRE DE LA MINA?
Panamá recibió hace dos semanas el primer pago de 567 millones de dólares de First Quantum Minerals estipulado en el contrato minero. Ese monto, empero, no se ha utilizado porque fue directo a una cuenta restringida debido al conflicto legal. El contrato establecía que Panamá recibiría al menos 375 millones anuales por parte de la minera, un monto que los críticos consideraron exiguo.
Los analistas estimaron que el cierre de la minera impactaría en las arcas públicas.
¿QUÉ IMPACTO TENDRÁ EN LA INDUSTRIA MINERA?
El Legislativo y el Ejecutivo, en medio de las protestas y en un intento por frenar las manifestaciones, aprobaron una moratoria minera a comienzos de mes que prohíbe nuevas concesiones de minería metálica y la renovación de las actuales, lo que fue considerado como un primer paso para hacer de Panamá un país sin esa actividad.
Ambientalistas y abogados reprocharon que desde hace tiempo habían planteado al gobierno esa moratoria en el llamado Pacto de Bicentenario, una iniciativa de consulta ciudadana en conmemoración de los 200 años de Independencia en 2021.