El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), se une a las voces de otros gremios que piden que, tras la sanción de la Ley de Moratoria Minera, se liberen las vías de circulación en todo el país.
El organismo, mediante un comunicado de prensa divulgado a través de sus redes sociales, "hace un llamado al Estado a proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos y a garantizar el derecho humano del libre tránsito. De igual forma, es fundamental que exista certeza del castigo para quien viole principios básicos de un sistema democrático".
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CoNEP demanda al Gobierno su responsabilidad de proteger la vida, honra y bienes de los asociados y a garantizar el derecho humano del libre tránsito.
"Siempre hemos manifestado que el bloqueo de las vías no es una forma democrática de protestar. Configura una violación continuada de los derechos de terceros y, además, causa efectos directos a la vida cotidiana de los ciudadanos: insumos médicos que no pueden llegar a los hospitales, personas que no pueden recibir tratamientos esenciales para mantener con vida, productos alimenticios que no se pierden, y en general, poniendo en peligro la estabilidad de las empresas y, por ende, los empleos", destaca la nota. "Siempre hemos manifestado que el bloqueo de las vías no es una forma democrática de protestar. Configura una violación continuada de los derechos de terceros y, además, causa efectos directos a la vida cotidiana de los ciudadanos: insumos médicos que no pueden llegar a los hospitales, personas que no pueden recibir tratamientos esenciales para mantener con vida, productos alimenticios que no se pierden, y en general, poniendo en peligro la estabilidad de las empresas y, por ende, los empleos", destaca la nota.
Añade CoNEP: "En Chiriquí, provincia que tiene un gran peso en la producción de alimentos en el país, existen once cierres de vías. Esto es inaceptable y violatorio del derecho que tienen los ciudadanos a transitar libremente; además, afecta la matriz productiva de la región, la distribución de alimentos al país y a miles de puestos de trabajo".
Para terminar, el gremio demanda al Gobierno su responsabilidad de proteger la vida, honra y bienes de los asociados y a garantizar el derecho humano del libre tránsito.
"Es fundamental que exista certeza de castigo para quien viole los principios básicos de un sistema democrático", apunta. "Es fundamental que exista certeza de castigo para quien viole los principios básicos de un sistema democrático", apunta.
