El Colegio Nacional de Abogados de Panamá expresó su rechazo a las recientes actuaciones de funcionarios de la Contraloría General de la República, encabezados por el contralor, Anel "Bolo"Flores, en diligencias desarrolladas por fiscales del Ministerio Público, al considerar que comprometen la legalidad de los procesos.
El organismo advirtió que, en casos contra la administración pública, el informe de auditoría es un elemento clave, pero debe manejarse conforme al debido proceso. “En los delitos contra la Administración Pública parte de las pruebas idóneas es el informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República, el cual no sólo debe ser ratificado si no sustentado”, indica el documento.
El Colegio también cuestionó el alcance de estas actuaciones, asegurando que representan una “grave extralimitación de funciones y una intromisión inaceptable en competencias que, por mandato constitucional y legal, corresponden exclusivamente al Ministerio Público como titular de la acción penal”.
Asimismo, alertó sobre posibles consecuencias en los procesos en curso.
Los auditores de la Contraloría estaban siendo entrevistados por requerimiento de la autoridad competente dentro de una investigación que involucra al exvicepresidente de la República del quinquenio 2024 -2019, José Gabriel Carrizo.
Sustento jurídico
“La presencia e intervención de funcionarios de la Contraloría General que no son citados, en actos investigativos penales no solo carece de sustento jurídico, sino que además compromete seriamente la validez de las pruebas, vulnera el debido proceso y pone en riesgo la integridad de las investigaciones en curso”, subraya.
El gremio sostuvo que este tipo de actuaciones “erosiona la separación de poderes, debilita la institucionalidad democrática y genera un precedente peligroso de interferencia indebida en la administración de justicia”.
En ese sentido, exigió “el cese inmediato de estas prácticas, así como el respeto irrestricto a la autonomía e independencia del Ministerio Público y al marco constitucional que rige el ejercicio de las funciones públicas”.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para garantizar el Estado de Derecho y evitar la repetición de hechos similares.
“La defensa del orden constitucional no es opcional: es una obligación ineludible de todos los servidores públicos”, concluye el pronunciamiento, firmado por su presidenta, Maritza Cedeño Vásquez.