El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó este jueves durante una conferencia de prensa desde la Presidencia de la República que el monto de las pensiones se ajustará anualmente, con base en el Índice de Precios al Consumidor y el umbral de pobreza, para proteger el poder adquisitivo de los jubilados a largo plazo.
Además, Chapman detalló que el sistema solidario de pensiones ajustará la edad de jubilación, permitiendo que quienes se jubilen en los próximos siete años lo hagan a los 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, manteniendo intacto el cálculo de sus jubilaciones.
El ministro también anunció una modernización en la gestión de la cartera de inversiones y reservas, actualmente con un rendimiento inferior al del mercado financiero. Chapman subrayó que este cambio no implica una privatización, sino un ajuste para mejorar el manejo de los recursos mediante un sistema de pesos y contrapesos en el comité de riesgo y la junta directiva.
Financiamiento del sistema
Sobre el financiamiento del sistema, Chapman explicó que los trabajadores no verán un aumento en sus aportes; en su lugar, el aporte de los empleadores subirá un 3%, generando más de 500 millones de dólares anuales, de los cuales 300 millones provendrán del sector privado. A nivel estatal, el gobierno destinará 966 millones de dólares para el equilibrio del programa de pensiones, evitando así un incremento de impuestos.
El Estado también planea utilizar más de 300 millones de dólares del Canal de Panamá, que antes se destinaban al Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), y espera que esta cifra aumente en 2025. Otra fuente de financiamiento será la mejora en la recaudación de impuestos, especialmente ante una evasión que, según el ministro, alcanza los mil millones de dólares anuales.
Chapman invitó a quienes tengan propuestas o inquietudes a expresarlas en la Asamblea Nacional, enfatizando que “si queremos una mejor ley, no se va a resolver en las calles, redes sociales ni medios de comunicación”. Reafirmó que la Caja del Seguro Social seguirá bajo administración estatal, descartando cualquier plan de privatización.