La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) confía en que las renegociaciones para la definición de un nuevo contrato entre el Estado panameño y la mina Cobre, anunciadas por altas autoridades del Gobierno en días pasados- tenga como objetivo y resultado alcanzar los mejores beneficios para el país y a la vez mantener las ventajas, beneficios competitivos y la confianza en el istmo para la atracción de inversión extranjera, no solamente la inversión de la minería en Panamá.
Al mismo tiempo, Cuevas, resaltó que es un momento determinante para que se definan las bases de la minería en Panamá y sus condiciones normativas, institucionales y de transparencia para que la sociedad panameña obtenga los mayores beneficios posibles de esta contribución económica que viene generando la minería.
A juicio de la Cámara Minera de Panamá, es fundamental que la opinión pública panameña comprenda que las industrias extractivas de la minería en Panamá, como la minería moderna del siglo XXI, aplican los mejores procedimientos y protocolos en los que se mitigan los impactos en los ecosistemas y las comunidades, convirtiendo a la actividad en un verdadero motor dinamizador del desarrollo sostenible e inclusivo, en los ámbitos sociales, ambientales y económicos.
Según CAMIPA, recientemente esto se ha evidenciado, con la ocurrencia de un incidente fortuito en una tubería conductora de material rocoso.
"La respuesta contundente de la mina al poner en marcha los protocolos requeridos y que de manera rápida se controlaron, minimizaron y mitigaron los posibles impactos que este pudo haber causado, y la apertura para que se realicen las todas las investigaciones procedentes para determinar las causas técnicas de lo ocurrido y también así mejorar la futura capacidad de respuesta", sostiene la Cámara.
Finalmente, CAMIPA como entidad idónea de la minería en Panamá, exhorta a las partes negociadoras a mantener una comunicación hacia la opinión pública oportuna y suficiente, que evite que se sigan difundiendo las especulaciones, mitos y falsedades, generadas por grupos con intereses contarios al desarrollo sostenible del país, a la institucionalidad democrática, a la diversidad y libertad de opiniones sobre cuáles actividades económicas se pueden realizar en nuestro país, a la seguridad jurídica de la inversión privada, y al estado de derecho.
En Panamá, diversos grupos se oponen a esta práctica de minería en el país y han protestado pidiendo al Ejecutivo nuevas normativas.
