El exfiscal electoral Boris Barrios, es de la tesis que existen suficientes elementos de convicción luego que el alcalde de Colón revelara que su gasto de movilización es una herramienta de trabajo para conseguir votos y asegurar la reelección. Indicó que si el alcalde de Colón o cualquier otro alcalde usa recursos del Estado para campaña política está cometiendo un delito electoral, aunque reitera que en el caso de Panamá aún cuando se aumentaron las penas para los delitos electorales, en la última reforma siguen siendo delitos que no tienen penas privativas de libertad menores de cuatro años.
En la Asamblea Nacional de Panamá todavía está estancado el debate de los cambios a la ley de Descentralización, donde sólo hay consenso para eliminar las licencias con sueldo. El diputado Juan Diego Vásquez dice estar en contra de los ingresos elevados. A raíz de las declaraciones del Alcalde de Colón, Rolando Alexis Lee, y la confesión de otros alcaldes y representantes, Vásquez dice que no han podido sustentar los altos salarios que reciben, los cuales usan para "politiquería electoral, de entregas y todo lo demás a nombre de ellos mismos" para buscar o asegurar su reelección o su elección a otros cargos similares.
Para Annette Planells, del Movimiento Independiente, los gobiernos locales han perdido el norte y el objetivo por el que fueron electos. No solo es el ejemplo del alcalde de Colón, quien preside también la Asociación de Alcaldes de Panamá.
Mientras la Fiscalía Electoral adelanta las primeras pesquisas por las denuncias y uso de recursos públicos para clientelismo político, confesado por el Alcalde de Colón, el Contralor Gerardo Solís suspendió los gastos de movilización de todos los representantes y alcaldes, además de los gastos de representación por arriba de $3,500, hasta que culmine la revisión del uso de los recursos.
