Tras la sanción y promulgación de la Ley 407 de 3 de noviembre de 2023, que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones para la exploración, explotación, transporte y beneficio de recursos minerales metálicos y, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), solicita a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el trámite expedito a las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, representan avances a los reclamos ciudadanos.
"Exhortamos a la población a tener paciencia y permitir que la Corte Suprema de Justicia siga las disposiciones legales correspondientes y los tiempos", exige el organismo a través de un comunicado de prensa divulgado a altas horas de la noche del viernes 3 de noviembre.
Apede también lamentó que persistan grupos con otros fines que se están aprovechando para mantener los cierres en las vías.
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La Apede manifiesta que el derecho a la protesta pacífica debe ser protegido, respetado y garantizado, tanto por particulares como por el gobierno.
"La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, exige al Gobierno Nacional que, de manera inmediata, se lleven a cabo todas las acciones que permite la Ley para la apertura total de todas las vías de comunicación del país y, con ello, se garantice que la población panameña vuelva a tener acceso a los servicios de salud, se regrese a los centros educativos y se garantice el suministro de alimentos, medicinas y combustibles en todas las regiones", añade la nota. "La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, exige al Gobierno Nacional que, de manera inmediata, se lleven a cabo todas las acciones que permite la Ley para la apertura total de todas las vías de comunicación del país y, con ello, se garantice que la población panameña vuelva a tener acceso a los servicios de salud, se regrese a los centros educativos y se garantice el suministro de alimentos, medicinas y combustibles en todas las regiones", añade la nota.
De igual forma, reclama "la pasividad del gobierno ante los cierres está llevando a la anarquía y, enfrentamientos de pueblo contra pueblo, generando la total inestabilidad del país".
Y concluye alegando que: "El derecho a la protesta pacífica debe ser protegido, respetado y garantizado, tanto por particulares como por el gobierno; pero los actos vandálicos, los saqueos, el cierre arbitrario de vías y la restricción a la libre circulación son actos contrarios a la democracia, que afectan la paz y la sana convivencia en el país".
