La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) impuso sanciones administrativas a once servidores públicos de distintas entidades del Estado, luego de comprobarse la comisión de faltas graves al Código de Ética de los Servidores Públicos, tras investigaciones desarrolladas conforme al debido proceso y los principios de legalidad.
Uno de los casos tuvo origen en una denuncia anónima presentada contra cuatro funcionarias de la Lotería Nacional de Beneficencia, relacionada con un presunto caso de nepotismo. La denuncia señalaba específicamente a la jefa y subjefa de Recursos Humanos, quienes presuntamente mantenían a sus hijas nombradas dentro de la institución.
Tras iniciar la investigación correspondiente, la ANTAI comprobó que las hijas de las funcionarias laboraban efectivamente en la entidad y que sus nombramientos se realizaron mientras sus madres ocupaban los cargos antes mencionados. Posteriormente, ambas hijas presentaron su renuncia a los puestos que desempeñaban.
No obstante, la Autoridad continuó con el proceso investigativo y recomendó la destitución de la jefa y subjefa de Recursos Humanos. Aunque las funcionarias interpusieron recursos de reconsideración, en el mes de diciembre ambas presentaron su renuncia, por lo que se decretó la sustracción de materia en el expediente respectivo.
En otro expediente, también derivado de una denuncia anónima, se investigó a la alcaldesa del distrito de Remedios, en la provincia de Chiriquí, por la presunta existencia de un vínculo de parentesco con una persona nombrada en el municipio, específicamente su nuera. Tras la investigación, se comprobó que dicha persona formaba parte de la estructura organizacional del Municipio, por lo que la ANTAI recomendó la destitución de la funcionaria y le impuso a la alcaldesa una sanción equivalente al 50% de su salario mensual.
Caso UP
Asimismo, la ANTAI atendió una denuncia contra dos servidores públicos de la Universidad de Panamá por un presunto caso de nepotismo. Luego de la investigación, se comprobó que ambos incurrieron en conductas contrarias al Código de Ética de los Servidores Públicos, motivo por el cual fueron sancionados conforme a la normativa vigente.
De igual forma, se presentaron denuncias contra tres servidores públicos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en las que se alegaba que no contaban con los títulos académicos requeridos para los cargos que desempeñaban. La investigación confirmó que los funcionarios no poseían la titulación exigida, a pesar de contar con experiencia laboral, por lo que se procedió a imponer las sanciones correspondientes por violación al Código de Ética.
En otro expediente, la Autoridad recibió dos denuncias adicionales: una contra una funcionaria del Ministerio de Educación y otra contra un funcionario de la Universidad de Panamá, ambas relacionadas con el incumplimiento del horario laboral. Tras ser admitidas e investigadas, se comprobó el incumplimiento de la jornada laboral, razón por la cual ambos servidores públicos fueron sancionados.
La ANTAI reiteró que el ejercicio de la función pública exige un compromiso irrestricto con la ética, la legalidad y el interés general, recordando que los recursos del Estado pertenecen a la ciudadanía y deben ser administrados con responsabilidad, integridad y absoluta transparencia.
La entidad reafirmó su compromiso con la construcción de un país más justo, con instituciones públicas sólidas y confiables, y con un servicio público guiado por el respeto, la responsabilidad y la vocación de servicio, en estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N.° 33 de 25 de abril de 2013.
