El presidente de la República, José Raúl Mulino, presentó este lunes su Declaración Jurada de Intereses Particulares ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), esto en cumplimiento de las normas de transparencia y ética en la función pública.
La presentación de esta declaración constituye una obligación legal para los servidores públicos y forma parte de los mecanismos establecidos para fortalecer la transparencia, la objetividad y la rendición de cuentas en la gestión del Estado.
Junto al presidente Mulino, también cumplieron con este requisito el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, entre otros integrantes del Gabinete, lo que refuerza el mensaje institucional de la actual administración en favor del buen gobierno y la probidad administrativa.
¿Quiénes deben presentarlas?
La directora de la ANTAI recordó quienes son los funcionarios que están obligados a cumplir esta norma.
"Todos los altos mandos de todas las autoridades del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, desde el Presidente de la República, ministros de Estado, directores de autoridades autónomas y semiautónomas. Y todo funcionario de manejo de fondos que se considera sujeto obligado. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Superior, jueces, Procurador General de la Nación, fiscales, procuradora general de Administración quien ya hizo su presentación y legisladores y diputados de la Asamblea Legislativa", sentenció Castillo de Arias.
La Ley 316 de 2022 establece que los servidores públicos y demás sujetos obligados deben presentar anualmente su Declaración Jurada de Intereses Particulares, con el objetivo de prevenir conflictos de intereses y garantizar una actuación imparcial en el ejercicio de la función pública. La ANTAI es la entidad responsable de supervisar el cumplimiento y la correcta aplicación de esta normativa en el país.
Con esta acción, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con una gestión pública transparente, alineada con el marco legal vigente y orientada al interés general de la ciudadanía.