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ANTAI remite 15 expedientes al Ministerio Público

El envío de estas investigaciones a ambas instancias se fundamenta en La Ley 33 del 25 de abril de 2013 y en la Ley 38 de 2000, señaló Antai.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), remitió 15 expedientes al Ministerio Público y la Contraloría General de la República para su investigación, por tratarse de posibles hechos de corrupción tipificados en el Código Penal.

Información suministrada por la Oficina de Asesoría Legal, señala que al Ministerio Público fueron enviados siete expedientes por posibles delitos de abuso de autoridad e infracciones de los deberes de los servidores públicos; concusión y exacción y corrupción de servidores públicos; entre otros delitos.

Mientras que, a la Contraloría General de la República, durante los meses de mayo a agosto se han declinados ocho expedientes para que realicen auditorías por supuestos malos manejos o mal uso de bienes públicos, ya que ésta es la entidad competente para la debida fiscalización.

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La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), remitió 15 expedientes al Ministerio Público y la Contraloría General de la República para su investigación, por tratarse de posibles hechos de corrupción tipificados en el Código Penal.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), remitió 15 expedientes al Ministerio Público y la Contraloría General de la República para su investigación, por tratarse de posibles hechos de corrupción tipificados en el Código Penal.

El envío de estas investigaciones a ambas instancias se fundamenta en La Ley 33 del 25 de abril de 2013 y en la Ley 38 de 2000, que regula el procedimiento administrativo, el cual establece que, recibida una denuncia, la autoridad debe determinar si es competente para su conocimiento y, en caso contrario, deberá remitirla a la autoridad competente para su tramitación.

De igual forma, responde al artículo 29 del Código de Ética referente a la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes aquellos actos que pudieran causar perjuicio al Estado o constituir un delito.