Mediante Resolución de 27 de octubre de 2022, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), admitió una denuncia presentada ante esta instancia por el otorgamiento de auxilios económicos en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).
La Ley 33 de 2013, faculta a la Antai para investigar y de esa forma contribuir a que la administración pública se ejecute en el marco de legalidad e integridad examinando la gestión administrativa de las instituciones.
La Antai detalló que la presente investigación contempla la realización de varias diligencias para la comprobación de los hechos denunciados y la respectiva rendición de cuentas.
Y es que la gestión del actual director del Ifarhu, Bernardo Meneses, ha sido objeto de cuestionamientos en los últimos días luego de que se conociera sobre becas y auxilios económicos otorgados a funcionarios, hijos o allegados de autoridades del Gobierno Nacional o figuras políticas, algunas por montos que superan los B/.100,000.00.
'Auxilios económicos' en préstamos
Por su parte, el Consejo Nacional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) se reunió el lunes y se declararon en sesión permanente.
Según se informó, en este tiempo el concejo buscará establecer recomendaciones, ejecutarlas y dar seguimiento a los trámites de la gestión que desarrolla la institución, que está bajo la dirección de Bernardo Meneses y ha sido ampliamente cuestionada la última semana, por los “auxilios económicos” otorgados a diputados y sus allegados.
El pasado lunes 24 de octubre, los abogados Ernesto Cedeño y Abdiel González Tejeira presentaron tres acciones judiciales que buscan esclarecer cómo el Ifarhu otorgan los beneficios económicos.
Las acciones de Cedeño tienen su génesis en una serie de publicaciones en las que hijos de diputados, familiares de políticos y funcionarios con buenos ingresos les fueron dadas ayudas económicas por parte del Ifarhu.
Mientras que Tejeira, del Movimiento Arraiján 2,000, a pidió al Ministerio Público (MP) que haga un allanamiento en la sede del Ifarhu para obtener información de cómo se dieron las ayudas económicas.