El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, puso sobre la mesa una discusión crucial sobre la enseñanza del derecho y la necesidad urgente de una reforma integral en la abogacía panameña, enfatizando que el problema actual no radica en la cantidad de abogados que se gradúan por año, sino en la calidad de la enseñanza del derecho.
Como ejemplo, citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de enero de 1993, donde la Corte anuló una sentencia y ordenó un nuevo juicio porque se demostró que el cliente no había recibido una defensa adecuada debido a la falta de conocimiento de su abogado.
Sentenció que esto llevó a la conclusión de que una defensa efectiva no solo requiere tener un abogado, sino uno que "sepa derecho" y la protección de la ciudadanía, que queda indefensa frente a uno inexperto, es la razón fundamental para exigir que los abogados demuestren un conocimiento real del derecho.
Proyecto de ley
El expresidente manifestó que un proyecto de ley, presentado en septiembre de 2015 por el Colegio de Abogados junto con magistrados de la Corte, quienes tienen iniciativa legislativa, busca abordar estas deficiencias a través de tres pilares fundamentales:
- Examen profesional: Este examen es crucial para asegurar la competencia de los nuevos abogados.
Álvarez sostuvo que, en los países donde existe, este examen debe ser administrado por el Colegio de Abogados y no por una universidad, como la Universidad de Panamá, para evitar que esta se convierta en "juez y parte" al graduar y luego examinar a sus propios estudiantes.
- Educación legal continua: Se propone como una obligación para los abogados en ejercicio mantenerse actualizados.
El expresidente expuso que el derecho es dinámico y se transforma de forma constante, y lo que antes era derecho administrativo, hoy es derecho comercial con empresas privadas.
Citó al maestro Couture, quien afirmaba: "estudia todos los días porque el derecho se transforma", siendo esta actualización necesaria para todos los graduados, no solo para los nuevos ingresos.
- Tribunal de honor y disciplina del colegio: El proyecto busca fortalecer este tribunal, que en la actualidad no puede actuar de oficio y requiere una queja formal.
Álvarez propuso que sea una instancia decisiva dentro del colegio, con apelación ante la Corte Suprema de Justicia, destacando que, aunque el colegio maneja mil causas y remite a la corte los casos de abogados responsables, la gente critica al colegio por no actuar, pero "la gente no denuncia".
Ética profesional
Álvarez la consideró deficiente en la formación universitaria y debido a esta carencia, la Corte instituyó un curso de ética obligatorio de un mes para los estudiantes de derecho.
También criticó una práctica común: que los abogados ventilen sus casos personales en los medios de comunicación, considerando que esto es "la falta más grave" y se hace para "amedrentar a los jueces" porque no deben tramitar sus casos a través de los medios y la noticia debe surgir si la corte emite un comunicado, no por iniciativa del abogado.
En definitiva, concluyó que todos estos temas deben ser considerados para establecer una ley que de verdad contemple la educación legal continua y el Tribunal de Honor y la ética, garantizando así una mejor defensa para la ciudadanía.
