El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una advertencia a la Corte Penal Internacional (CPI), al cuestionar la autoridad del tribunal para aplicar rmas de derecho internacional que Washington reconoce y denunciar lo que calificó como una "instrumentalización" de estas leyes.
Las declaraciones se producen cerca de un mes después de que Washington anunciara nuevas sanciones contra la CPI, en medio de las tensiones por las investigaciones y decisiones del tribunal sobre presuntos crímenes internacionales.
Rubio acusa a la CPI de utilizar el derecho internacional como instrumento político
El funcionario estadounidense sostuvo que el derecho internacional ha sido invocado para cuestionar prácticamente todas las principales decisiones de política exterior del Gobierno de Donald Trump.
Entre los asuntos mencionados figuran las operaciones contra embarcaciones en el Caribe y la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.
Rubio afirmó que estas normas no se aplican de manera neutral, sino que, a su juicio, se han convertido en un "instrumento" utilizado por las élites globales para promover sus propios intereses.
También cuestionó que la Corte Penal Internacional pueda emitir decisiones sin rendir cuentas ante los países afectados por sus actuaciones.
¿Por qué Estados Unidos mantiene tensiones con la Corte Penal Internacional?
La CPI es un tribunal internacional con sede en La Haya que procesa a personas acusadas de cometer algunos de los crímenes más graves, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Su actuación está concebida como complementaria a los sistemas judiciales nacionales, por lo que interviene cuando los Estados no pueden o no están dispuestos a investigar y juzgar determinados delitos.
Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma, tratado que estableció la CPI, pero nunca lo ratificó. Israel, Rusia y China tampoco forman parte del tribunal.
Las tensiones entre Washington y la corte aumentaron después de que sus jueces emitieran una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la situación en Gaza.
En respuesta, Estados Unidos ha amenazado anteriormente con desmantelar la institución y ha impuesto sanciones contra integrantes del tribunal.