La ONU expresó el viernes su preocupación por las reformas legislativas en Nicaragua que permitieron privar de ciudadanía a más de 300 disidentes y alertó de que van en contra del derecho internacional.
"El derecho internacional prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos", agregó.
Estas afirmaciones tienen lugar después de que un tribunal de Nicaragua despojara el miércoles de su nacionalidad a 94 disidentes exiliados y los declarara "traidores de la patria".
Entre ellos figuran el célebre escritor Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente del gobierno sandinista (1985-1990) que encabezaba entonces el actual mandatario Daniel Ortega, la poeta Gioconda Belli y el obispo católico Silvio Báez.
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La misma medida fue aplicada la semana pasada a otros 222 opositores, detenidos en el país, que fueron excarcelados y expulsados a Estados Unidos.
Ortega enfrenta en estos momentos críticas de la comunidad internacional debido al creciente autoritarismo de su gobierno.
Las autoridades de Nicaragua detuvieron a centenares de opositores en el contexto de la represión que siguió a una crisis política y social con protestas callejeras que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también se mostró "alarmado" por la decisión del gobierno nicaragüense de privar de nacionalidad a los opositores.
"Cabe recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que nadie debe ser privado de ella arbitrariamente", dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, a la prensa el jueves.
"El derecho a la nacionalidad es un derecho fundamental. No debe haber persecución ni represalias contra los defensores de los derechos humanos o las personas que expresen opiniones críticas", agregó.