Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció este lunes que las violaciones de derechos humanos en Nicaragua no solo continúan, sino que se han intensificado y extendido incluso fuera de sus fronteras, financiadas presuntamente mediante el desvío de recursos públicos destinados a servicios sociales.
Expertos de la ONU vinculan corrupción y represión en Nicaragua
Durante su exposición, Simon explicó que el equipo ha documentado una “conexión funcional entre la estructura paralela del partido sandinista en el Estado, el desvío de fondos públicos y graves violaciones de derechos humanos”.
Según el informe, la corrupción no se limita a beneficios personales, sino que se utiliza como un sistema institucional para financiar acciones represivas.
Entre las evidencias recopiladas por el grupo se encuentran registros presupuestarios, comprobantes de pago y correos electrónicos, que demostrarían el uso irregular de recursos públicos.
Aumento de víctimas y persecución política
Los expertos señalaron que en los últimos años se ha producido una ampliación del perfil de las víctimas de persecución estatal.
Entre los afectados se encuentran estudiantes, defensores de derechos humanos, feministas, periodistas, abogados, líderes políticos y activistas. También se reportan casos entre campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes y miembros de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas.
De acuerdo con el informe, uno de los principales objetivos del aparato estatal sería disuadir y silenciar a nicaragüenses que viven en el extranjero, además de impedir la organización de la oposición política.
Represalias contra familiares de opositores
El grupo de expertos denunció que las autoridades también toman represalias contra familiares de opositores que permanecen en Nicaragua.
Entre las medidas reportadas se incluyen detenciones arbitrarias, confiscación de bienes y prohibiciones para salir del país, acciones que buscan generar autocensura y aislamiento social.
Ante esta situación, Simon instó al gobierno nicaragüense a desmantelar el sistema de represión y permitir el ingreso sin restricciones de mecanismos internacionales de derechos humanos.
Preocupación por detenidos y desapariciones
Durante la sesión, la Unión Interparlamentaria expresó preocupación por el paradero del congresista y líder indígena Brooklyn Rivera Bryan, de quien no existe información oficial sobre su estado físico o situación jurídica.
También alertó sobre la detención de su suplente, Nancy Henríquez James, señalando inquietud por las condiciones de su encarcelamiento y su estado de salud.
El experto de la ONU Reed Brody afirmó que las detenciones arbitrarias se han convertido en una herramienta central de control del gobierno, y denunció que muchos detenidos permanecen incomunicados, en aislamiento y sin atención médica.
Asimismo, señaló que existen al menos once personas desaparecidas tras ser detenidas, por lo que pidió a las autoridades nicaragüenses presentar pruebas de que Rivera Bryan sigue con vida.
Nicaragua no respondió a las acusaciones en la ONU
La delegación diplomática de Nicaragua acreditada ante la ONU en Ginebra no estuvo presente durante la presentación del informe y, por tanto, no respondió a las acusaciones en la sesión del Consejo de Derechos Humanos.
El grupo de expertos reiteró que su trabajo busca dar voz a las víctimas que han sido silenciadas, en un contexto en el que la crisis nicaragüense ha perdido visibilidad internacional frente a otras tensiones geopolíticas en la región, como las de Venezuela y Cuba.