Familiares de opositores presos en Nicaragua bajo cargos de "conspiración" contra el gobierno de Daniel Ortega denunciaron este jueves que persiste un constante "deterioro físico", "malos tratos" y violación de derechos de los detenidos, tras haber sido autorizados a visitarlos esta semana.
Entre junio y agosto pasados, 37 opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre, fueron detenidos acusados de promover la injerencia extranjera en menoscabo de la soberanía. El gobierno considera que los presos son "terroristas" que se organizaron para dar un golpe de Estado, con ayuda de Estados Unidos.
Los familiares pudieron visitarlos por segunda vez entre el lunes y el miércoles, y expusieron que las condiciones de aislamiento en celdas oscuras, sin ventilación ni abrigo, no han cambiado desde que las denunciaron a inicios de septiembre, en la primera visita.
Organismos internacionales de derechos humanos han demandado la liberación inmediata de los líderes opositores, así como la suspensión de los juicios durante los que, según sus familias, se les ha privado del derecho a la defensa.
Los familiares dijeron que se les permitió la visita "en condiciones restrictivas y arbitrarias".
Al llegar a la cárcel El Chipote, "sufrimos revisiones físicas humillantes que incluyeron el registro de nuestra ropa interior y el despojo de objetos de uso personal, agregó el comunicado.
"Me metieron a una sala donde me revisaron todo (...) me pusieron a un perro que me oliera hasta mis partes íntimas. Esa es una de las peores cosas que hemos tenido que pasar los familiares", dijo, sin revelar su identidad, una de las afectadas.
Cristian Tinoco, hija del exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, relató que a su madre y a su hermana "le revisaron su ropa interior, los zapatos". "A mi hermana le pidieron los anteojos pese a que no ve sin ellos", agregó.
Según el informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos, que integran familiares y organismos de derechos humanos, hay 145 personas detenidas por causas políticas, lo que el gobierno no reconoce.
