Nicaragua cerró más de 770 oenegés desde junio pasado mediante una ley que socava la libertad de asociación y expresión, afirmó Human Rights Watch (HRW).
Según la organización, desde el 6 de junio de 2022, las autoridades de Nicaragua han aprobado leyes y resoluciones que cancelan el registro legal de más de 770 oenegés y fundaciones, obligándolas a cerrar. Acorde a Taraciuk Broner, la directoria para las Ámericas de HRW, el objetivo del gobierno de Daniel Ortega es impedir exponer la incapacidad de las autoridades para ayudar al pueblo en un país golpeado por catástrofes naturales y la pandemia de covid-19.
Muchos de estos cierres se basan en dos leyes: la ley de agentes extranjeros, la Ley General de Regulación y Control de Organizaciones sin Fines de Lucro, estas dos adoptadas alrededor del 2020 y el 2022.
Nicaragua tiene una de las tasas de pobreza más altas de América Latina y el Caribe. En marzo de 2021, UNICEF estimó que tras los dos huracanes de 2020, alrededor de "1,8 millones de personas, incluidos 720.000 niños, todavía necesitaban ayuda humanitaria, especialmente entre las comunidades indígenas.