Un paquete de reformas legales aprobado en Nicaragua recientemente es visto por expertos y opositores como un intento de "legitimar" la persecución a los críticos del presidente Daniel Ortega, dentro y fuera del país.
También fueron reformadas otras dos leyes: una obliga a las iglesias a pagar impuestos y la otra restringe la labor de las oenegés, que ahora solo pueden trabajar en programas conjuntos con entidades estatales (Ortega ha cerrado unas 5.500 oenegés y confiscado sus bienes).
Estas iniciativas "buscan crear un marco jurídico que legitime nuevas prácticas violatorias de los derechos humanos", dijo a la AFP la abogada Camila Ormar, de la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
"Esas reformas podrían ser utilizadas para intensificar la persecución y represión aún más a personas nicaragüenses, incluso en el exilio", señaló Christian Salazar Volkmann, responsable del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En un informe anual sobre la situación en Nicaragua, la oficina del Alto Comisionado advirtió de un "grave" deterioro bajo el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, con arrestos arbitrarios de opositores y torturas y otros malos tratos a detenidos.
Este reporte, debatido en Ginebra en septiembre por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue rechazado por la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales.
"No es la primera vez"
Los partidarios de Ortega argumentan que este paquete de reformas fortalece las instituciones y permite combatir el crimen a nivel "transnacional".
"Estas reformas están encaminadas a fortalecer la labor de las instituciones de nuestro país encargadas del enfrentamiento a la criminalidad organizada transnacional", aseguró la diputada oficialista María Auxiliadora Martínez en una sesión parlamentaria.
Sin embargo, la abogada de Cejil destacó que "no es la primera vez en Nicaragua que se reforman leyes para criminalizar a quienes son considerados como personas opositoras o voces disidentes".
"Las leyes que adopte o reforme Nicaragua deben apegarse a los tratados de derechos humanos reconocidos por el Estado", puntualizó Ormar.
El gobierno de Ortega ha endurecido la represión desde las protestas opositoras de 2018, que dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU. Desde entonces miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados y sus bienes han sido confiscados.
El exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, sostiene que las protestas fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.