Centrales obreras de Colombia convocaron a marchar este miércoles en Bogotá y otras ciudades del país, en respaldo a las reformas que propone el presidente, el izquierdista Gustavo Petro, en momentos en que su gobierno enfrenta un escándalo de escuchas ilegales y una crisis de popularidad. En la capital, un puñado de personas con banderas del país aguardaba el inicio de la jornada en un céntrico parque.
El primer izquierdista en el poder de Colombia presenta ante el Congreso ambiciosas reformas que penan para concretarse con apoyo suficiente de los partidos: reducir la participación privada en el sistema de salud, redistribuir las tierras improductivas, reformar el sistema laboral, de pensiones y justicia, desarmar las organizaciones ilegales, entre otros proyectos.
En el poder desde agosto, Gustavo Petro enfrenta uno de los peores escándalos de su gobierno, bajo la lupa de autoridades por un caso de escuchas ilegales y presunta corrupción en la financiación de su campaña presidencial.
Petro, que aspira a mostrar músculo político durante la jornada, anunció que acompañará las marchas en Bogotá a partir de la 13H00 locales (18H00 GMT).
Al inicio de su mandato, Petro contaba con el apoyo de la izquierda y algunos partidos tradicionales en el Congreso. Pero la coalición oficialista se ha ido desbaratando y se distancia cada vez más de sus reformas, en medio de los reveses políticos que enfrenta el gobierno.
Colombia en la lupa de las autoridades
El escándalo empezó a finales de mayo tras el robo de un maletín con miles de dólares de la casa de Laura Sarabia, mano derecha de Petro. Luego se tejió una intrincada historia de escuchas ilegales contra la niñera de quien llegó a ser jefa de gabinete.
En un giro inesperado, Armando Benedetti, otra de las personas más cercanas al mandatario, quedó expuesto en unas grabaciones que dan cuenta de una presunta financiación ilegal a la campaña de Petro por unos 3,5 millones de dólares. Sarabia y Benedetti, el entonces embajador de Colombia en Venezuela, fueron apartados de sus cargos el viernes.
Al autodenominado "gobierno del cambio" le llueven críticas, señalado ahora de acudir a viejas prácticas políticas. Según la más reciente encuesta de la firma Invamer, la aprobación a su gestión pasó de 50% en noviembre a 34% en mayo.