La organización Human Rights Watch (HRW) instó al gobierno de El Salvador a poner fin al régimen de excepción, vigente desde hace cuatro años como medida contra las pandillas, y que ha sido objeto de denuncias por violaciones a los derechos humanos a pesar de contar con amplio respaldo de la población.
La organización señaló que “las autoridades deben poner fin al estado de emergencia y garantizar una revisión judicial rápida y juicios justos”, en un contexto donde los arrestos masivos han generado denuncias por detenciones arbitrarias y abusos policiales.
Origen del régimen y reducción de homicidios
El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, controlada por el partido gobernante Nuevas Ideas, como respuesta a un fin de semana con más de 80 homicidios tras la ruptura de un pacto entre el gobierno y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro.
Bukele y su gabinete de Seguridad defendieron la medida, asegurando que ha permitido combatir a las maras, liberar territorios y reducir significativamente los homicidios, aunque datos históricos muestran que El Salvador ya experimentaba una baja sostenida en asesinatos desde 2016.
Denuncias de violaciones a derechos humanos
Organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6.889 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen, incluyendo detenciones arbitrarias en el 98 % de los casos. Se estima que al menos 500 personas han muerto bajo custodia estatal.
Un informe reciente del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (Gipes), presentado ante la CIDH y las Naciones Unidas, advierte que algunas de estas violaciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Reacción del presidente Bukele
El mandatario salvadoreño criticó el informe y aseguró que, según él, “se exige que el Estado de El Salvador libere al 100% de los pandilleros capturados desde el inicio del régimen de excepción”. Sin embargo, el documento de Gipes no llama a liberar a todos los detenidos, sino a “establecer mecanismos excepcionales para liberar a miles de personas detenidas sin pruebas”.