El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que eliminará la Consejería Presidencial para la Paz una vez asuma el cargo el próximo 7 de agosto, como parte de una serie de reformas orientadas a modificar la estrategia de seguridad y poner fin a los procesos de diálogo con grupos armados ilegales.
De la Espriella descarta nuevas negociaciones con grupos armados
A través de sus redes sociales, el mandatario electo aseguró que durante su administración no habrá espacio para nuevas negociaciones con organizaciones armadas ilegales.
Según explicó, su estrategia estará centrada en fortalecer la seguridad ciudadana y combatir lo que considera un sistema de impunidad que permitió beneficios a grupos armados sin lograr avances definitivos en materia de desarme.
Gobierno entrante dará ultimátum a grupos ilegales
El presidente electo reiteró que mantendrá una línea dura frente a las organizaciones criminales, guerrillas y estructuras vinculadas al narcotráfico.
Hace dos semanas, De la Espriella otorgó un plazo de un mes para que los grupos armados se sometan a la justicia colombiana, advirtiendo que su administración no concederá beneficios que considere incompatibles con la aplicación de la ley.
La postura marca una ruptura con la estrategia impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, que apostó por negociaciones simultáneas con diversos actores armados en busca de acuerdos de paz y desmovilización.
Reestructuración de la Presidencia busca reducir gastos
La eliminación de la Consejería Presidencial para la Paz forma parte de un plan más amplio de reorganización administrativa en la Casa de Nariño.
De la Espriella informó que su gobierno suprimirá más de 200 cargos dentro de la Presidencia de la República, con el objetivo de reducir gastos y optimizar el funcionamiento del Ejecutivo.
De acuerdo con las proyecciones presentadas por el mandatario electo, la medida permitiría generar ahorros cercanos a los 10.000 millones de pesos, equivalentes a unos 3,1 millones de dólares.
Algunas de las funciones que actualmente desempeñan dependencias presidenciales serán transferidas a ministerios como Interior y Defensa.
También plantea eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz
Otra de las propuestas que ha generado debate es la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo creado tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC.
De la Espriella ha calificado a la JEP como un “tribunal de venganza” y ha cuestionado lo que considera decisiones judiciales con criterios asimétricos.
La JEP tiene la responsabilidad de investigar, juzgar y sancionar las violaciones más graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas durante más de cinco décadas de conflicto armado en Colombia.
Cambio de rumbo en la política de paz de Colombia
Con estas decisiones, el nuevo gobierno busca marcar distancia de la estrategia de negociación impulsada en los últimos años y priorizar una política enfocada en la seguridad y el sometimiento judicial de los grupos armados.
Las medidas anunciadas por Abelardo de la Espriella anticipan un giro significativo en la política de paz colombiana y abren un nuevo capítulo en el debate sobre cómo enfrentar la violencia y el crimen organizado en el país.