Costa Rica pasó de tener una de las tasas de deforestación más altas del mundo en la década de 1980 a convertirse en una nación centrada en el ecoturismo, algo que ahora seduce a viajeros de todo el mundo con la posibilidad de pasear entre reservas marinas y bosques nubosos en un mismo día.
Costa Rica enfrenta ahora un dilema en sus prioridades ambientales: la reforestación frente a la reducción del uso de combustibles fósiles.
El programa que ha pagado a los terratenientes durante 25 años para que no talen árboles depende casi por completo de los ingresos por impuestos a los combustibles, que desaparecerán para 2050 a medida que Costa Rica convierta el transporte público y privado en eléctrico en su búsqueda de emisiones netas cero. Eso ha hecho que el gobierno esté buscando alternativas de financiación.
Costa Rica pasó de tener una de las tasas de deforestación más altas del mundo en la década de 1980 a convertirse en una nación centrada en el ecoturismo, algo que ahora seduce a viajeros de todo el mundo con la posibilidad de pasear entre reservas marinas y bosques nubosos en un mismo día.
Sin embargo, Costa Rica quiere ir más allá: el país centroamericano conocido por su selva exuberante y su rica biodiversidad se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas para 2050 y eso significa que tarde o temprano desaparecerá un impuesto a los combustibles, el cual ha ayudado a revertir la deforestación.
Costa Rica enfrenta ahora un dilema en sus prioridades ambientales: la reforestación frente a la reducción del uso de combustibles fósiles.
El programa que ha pagado a los terratenientes durante 25 años para que no talen árboles depende casi por completo de los ingresos por impuestos a los combustibles, que desaparecerán para 2050 a medida que Costa Rica convierta el transporte público y privado en eléctrico en su búsqueda de emisiones netas cero. Eso ha hecho que el gobierno esté buscando alternativas de financiación.
Según Rodríguez Zúñiga, si el programa costarricense beneficia al mundo, es justo que el mundo contribuya a su protección. Dice esperar que algún día pronto pueda decir que toda la selva de propiedad privada en Costa estará recibiendo algún incentivo a cambio de no deforestar.
La demanda de tierras agrícolas tuvo alguna vez un costo muy alto en la cubierta forestal de Costa Rica, que se redujo al 21% del territorio nacional en la década de 1980, cuando se talaron casi 51.000 hectáreas (125.000 acres) cada año. Incluso cuando Costa Rica hizo fuertes inversiones para establecer parques nacionales, el gobierno se dio cuenta de que había que hacer algo para conservar las selvas de propiedad privada a medida que avanzaba para promover el ecoturismo.
Una ley forestal aprobada en 1996 creó el programa Pago por Servicios Ambientales (PSA), con financiamiento del impuesto a la gasolina. El PSA otorgó a los propietarios de fincas que establecen plantaciones forestales alrededor de 60 dólares anualmente por cada hectárea (2 acres y medio) a cambio de cuatro “servicios ambientales” (agua, belleza escénica, biodiversidad y carbono) asociados con la conservación del bosque. Actualmente, el programa abarca más de 276.000 hectáreas (680.000 acres).
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Junto con la zanahoria, vino el garrote: reglas estrictas y sanciones por cambios en el uso de la tierra.
El turismo pronto creció tanto que la participación de la agricultura en la economía quedó eclipsada, al caer del 25% en 1982 al 4,2% en 2019. Mientras tanto, las visitas a las zonas naturales protegidas se dispararon de unas 500.000 en 1990 a más de 1,7 millones en 2019.
Antes del PSA, ya había algunos propietarios de tierras que estaban filosóficamente dispuestos a conservar su parte de la selva.