El gobierno de Gabriel Boric en Chile presentó este martes una agenda de "verdad, justicia y reparación" para afrontar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas sociales que estallaron el 18 de octubre de 2019 para reclamar mejores derechos sociales.
La agenda propuesta por el gobierno del izquierdista Gabriel Boric, que asumió en pasado marzo, propone "dar respeto irrestricto a los derechos humanos", indicó el ministerio de Justicia en un comunicado. El plan "tiene por objeto hacernos cargo de nuestra historia y que va en concordancia con medidas descritas en nuestro programa de gobierno", agrega.
En cuanto a la verdad, el gobierno propone un "proyecto de ley para asegurar la persecución penal especializada en DDHH".
A su vez, a nivel de reparación, se buscará "reformular los programas de salud para víctimas y aumentar las pensiones de gracia". Además, se montará una "mesa de reparación integral para víctimas" de los abusos represivos.
El "estallido social", como se conoce en Chile la revuelta de 2019 frente al gobierno del conservador Sebastián Piñera (2018-2022), comenzó a raíz de protestas de estudiantes secundarios contra el alza del pasaje del metro de Santiago.
Las manifestaciones, algunas violentas, llegaron a convocar en Santiago a más de 1,2 millones de personas, para exigir mejoras en diversas áreas sociales que iban desde educación universal gratuita y acceso a salud pública de calidad. Se registraron también ataques a estaciones del metro, saqueos, vandalismo y enfrentamiento con las fuerzas especiales de la Polícia.
Al menos 34 personas murieron, más de 400 terminaron con lesiones oculares producto de perdigones y bombas lacrimógenas disparadas por parte de uniformados, según datos oficiales del gobierno de Gabriel Boric.
También, hubo denuncias de torturas, vejaciones y abuso de autoridad y miles fueron detenidos de manera arbitraria durante las movilizaciones, que terminaron abruptamente a mediados de marzo de 2020 con la llegada de la pandemia de covid-19.