El abogado Juan Carlos Araúz advirtió sobre un escenario de incertidumbre jurídica en Panamá en materia minera, al cuestionar el rol reciente de la Corte Suprema de Justicia y su impacto en la capacidad del Estado para atraer inversión extranjera.
El jurista señaló que este contexto ha deteriorado la figura de los contratos-ley, que históricamente brindaban seguridad jurídica.
“Hoy día los contratos ley han quedado bajo la mancha de inestabilidad y desconfianza”, indicó, al tiempo que advirtió que Panamá podría verse obligado a promover tratados de protección de inversión por proyecto para recuperar credibilidad.
Araúz también cuestionó la actuación de los distintos órganos del Estado, señalando que “el propio Estado, a través del comportamiento algunas veces del órgano Ejecutivo, algunas veces del órgano Judicial y algunas veces del órgano Legislativo, también empaña esa confianza con actuaciones equivocadas que crean perturbaciones”.
En su análisis, el abogado subrayó que la Constitución reconoce la concesión y explotación de recursos como una realidad jurídica, por lo que las decisiones que limiten estas actividades deben estar debidamente sustentadas.
“Ese hecho del Constituyente, no de una ley, no puede tener un análisis subjetivo”, enfatizó, al tiempo que criticó la ausencia de criterios técnicos en algunas medidas adoptadas.
Minería pasó por varios gobiernos
Al referirse al desarrollo histórico del proyecto minero, recordó que ha existido una continuidad en el respaldo estatal a lo largo de varias administraciones, incluyendo los gobiernos de Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo.
“Son capas y capas de consentimiento desde la búsqueda, reforma del ordenamiento jurídico para que se pueda hacer esa inversión”, explicó.
Asimismo, destacó que, pese al conflicto legal, no existe un señalamiento directo del Estado contra la empresa involucrada, lo que, a su juicio, agrava la incertidumbre. “Al día de hoy usted no ha encontrado ningún reproche o señal de que el Estado panameño tenga un conflicto con la empresa”, puntualizó.
Para Araúz, el impacto trasciende el valor del contrato en disputa.
“La propia inversión enterrada aquí es mínima frente a la que no llega”, advirtió, al señalar que la magnitud del conflicto tiene el potencial de desalentar proyectos de gran escala y afectar la percepción internacional de Panamá como destino seguro para inversiones.