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Economía Economía -  11 de septiembre de 2025 - 06:51

Panamá refuerza medidas fiscales para proteger su grado de inversión ante advertencia de Moody's

El Gobierno de Panamá recordó que desde noviembre de 2024, cuando Moody’s modificó la perspectiva de estable a negativa

Por Agencia EFE

El Gobierno de Panamá aseguró que está implementando acciones concretas para proteger el grado de inversión del país, tras las advertencias de la calificadora Moody’s sobre los riesgos fiscales.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se avanza con una ley fiscal clara, control del endeudamiento, reforma de pensiones y una ejecución presupuestaria responsable.

Moody’s alerta: avances insuficientes

El pronunciamiento del Ejecutivo llega un día después de que Moody’s señalara que, si bien Panamá ha dado pasos positivos, estos siguen siendo insuficientes para estabilizar sus métricas fiscales.

La agencia mantiene la calificación soberana en Baa3, el último peldaño del grado de inversión, con perspectiva negativa, recordó Renzo Merino, vicepresidente sénior de Análisis de Moody’s.

Estrategia fiscal: reducción gradual del déficit

El MEF destacó que Panamá cumple con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, aprobada en octubre de 2024, que establece una reducción progresiva del déficit:

Esta estrategia busca garantizar sostenibilidad, reducir el pago de intereses de la deuda, proteger el gasto social y preservar la credibilidad internacional.

Ciudad de PNAMÁ

Panamá refuerza medidas fiscales para proteger su grado de inversión ante advertencia de Moody's

Reformas y medidas de ajuste

El Gobierno recordó que desde noviembre de 2024, cuando Moody’s modificó la perspectiva de estable a negativa, se han impulsado varias medidas:

Desafíos pendientes y próxima evaluación

Merino advirtió que el actual Gobierno heredó “una posición fiscal muy complicada” y que la calificadora estará atenta a las decisiones sobre gasto e ingresos en los próximos meses.

Además, Moody’s subrayó la necesidad de consensos políticos y de resolver pasivos contingentes, como los litigios relacionados con la mina de cobre cerrada en 2023, que representan un riesgo de más del 25 % del PIB.

La próxima evaluación formal de la agencia está prevista, como máximo, para noviembre de 2025.

“Cuando tenemos una perspectiva negativa, existe una posibilidad de uno en tres de que ocurra una rebaja”, advirtió Merino.

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