El principal gremio empresarial de Panamá criticó este jueves la "inacción" del gobierno del presidente Laurentino Nito Cortizo ante los bloqueos de rutas que tienen semiparalizado al país desde hace más de un mes en rechazo a un polémico contrato minero.
Por quinta semana, en Panamá afronta toneladas de productos agrícolas dañados, filas de camiones y autos atascados en bloqueos, éxodo de turistas y marchas sin tregua, en las mayores protestas desde las de hace más de tres décadas contra la dictadura de Manuel Noriega.
Las "pequeñas, medianas y microempresas han recibido de primera mano los golpes más certeros" por las protestas, lo que genera desempleo y aumento de la informalidad laboral, afirmó el Conep, que hace nueve días estimó que las protestas dejaban pérdidas por 1.700 millones de dólares.
Hace dos semanas la policía anunció que usaría toda la "fuerza necesaria" para despejar las rutas, pero la situación no ha variado.
Para acallar la protesta, el Congreso aprobó el 3 de noviembre una moratoria de la minería metálica, pero dejó en manos de la justicia el futuro del contrato. Esto satisfizo a los ambientalistas, que dejaron de salir a marchar, pero no al sindicato de la construcción, gremios de maestros y otras organizaciones, que siguieron con los bloqueos.
El gobierno y la minera argumentan que la mina genera 50.000 empleos, aporta 5% del PIB y el contrato incluye aportes mínimos anuales al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo inicial de 1997, que era desfavorable para el país.
First Quantum pagó hace una semana 567 millones de dólares en regalías e impuestos, pero quedaron congelados a la espera del fallo sobre la eventual "inconstitucionalidad" del contrato.