La Ley 541 de 2026, que crea el Programa Nacional de Desarrollo Turístico y Patrimonial “Paraísos del Istmo” en Panamá, entró oficialmente en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial No. 30562 del 7 de julio.
Según la normativa, el objetivo es generar nuevas oportunidades de empleo, emprendimiento e inversión en regiones que históricamente han recibido menor atención dentro de la estrategia turística nacional.
La ley no contempla una partida presupuestaria específica
Aunque el programa ha sido presentado como una herramienta para dinamizar las economías locales, el texto aprobado no establece la creación de nuevos fondos ni asignaciones presupuestarias directas para municipios o congresos comarcales.
De acuerdo con el artículo 25, los proyectos turísticos deberán financiarse principalmente con los recursos de turismo y cultura ya contemplados en la Ley de Descentralización, además de un porcentaje del presupuesto de la Autoridad de Turismo de Panamá que será definido posteriormente mediante reglamentación.
Este esquema implica que las autoridades locales tendrán que utilizar recursos ya existentes para desarrollar proyectos vinculados al programa, incluyendo obras de infraestructura, mejoras urbanísticas, mantenimiento y adecuaciones necesarias para cumplir con los estándares establecidos.
Comunidades deberán cumplir requisitos técnicos para obtener la certificación
La ley establece que las localidades interesadas en obtener la certificación oficial de “Paraísos del Istmo” deberán presentar una serie de estudios y documentos técnicos ante las autoridades competentes.
Entre los requisitos figuran:
- Diagnósticos socioeconómicos.
- Delimitación de polígonos con respaldo cartográfico.
- Inventarios de atractivos turísticos.
- Planes de accesibilidad universal para personas con discapacidad.
- Estrategias de capacitación y profesionalización del capital humano local.
La certificación tendrá una vigencia inicial de cinco años y estará sujeta a evaluaciones periódicas por parte de la ATP.
ATP podrá revocar la certificación por incumplimientos
La normativa también establece mecanismos de control para garantizar la sostenibilidad y transparencia del programa.
Según el artículo 23, la ATP podrá revocar la certificación cuando se detecte deterioro en los estándares de calidad, incumplimiento de obligaciones de rendición de cuentas o fallas en materia de transparencia.
La pérdida de la certificación también implicará la suspensión automática de los recursos asociados al programa.
Roberto Zúñiga defiende la descentralización del turismo
El diputado Roberto Zúñiga ha señalado que la iniciativa busca ampliar las oportunidades económicas en comunidades rurales, indígenas y del interior del país que poseen atractivos turísticos con potencial, pero que históricamente han permanecido fuera de los principales circuitos turísticos y comerciales.
La propuesta apuesta por un modelo de desarrollo local basado en la autogestión comunitaria, la preservación del patrimonio y la diversificación de la oferta turística nacional.
Nuevo consejo coordinará la estrategia turística y patrimonial
La supervisión del programa estará a cargo del Consejo Nacional de Desarrollo Turístico y Patrimonial, una nueva instancia integrada por representantes del Gobierno, municipios, comarcas y sector privado.
El organismo será presidido por el administrador de la ATP y contará con la participación de los titulares de los ministerios de Cultura, Ambiente, Economía y Finanzas, así como Comercio e Industrias.
Los integrantes ejercerán sus funciones de manera ad honorem.
Ejecutivo tendrá seis meses para reglamentar la ley
La puesta en marcha del programa dependerá ahora de la reglamentación que deberá elaborar el Ejecutivo.
La ley concede un plazo de seis meses para aprobar el reglamento correspondiente y desarrollar el Plan Estratégico Nacional que definirá los criterios operativos, mecanismos de financiamiento y modelo de gestión para las comunidades que aspiren a convertirse en “Paraísos del Istmo”.
La reglamentación será clave para determinar el alcance real de una iniciativa que busca impulsar el turismo comunitario como motor de desarrollo económico local, pero cuya viabilidad dependerá de la disponibilidad de recursos y de la capacidad de gestión de los gobiernos locales.