El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 31-26, que establece el régimen jurídico de incentivos fiscales aplicable a las inversiones en turismo en el país. Esta iniciativa consolida en un solo marco normativo las leyes especiales dispersas, corrige fallas de mercado, reduce barreras para el desarrollo de proyectos.
Indicó que el nuevo plan de incentivos no será igual en todo el territorio, y será mayor en áreas donde la brecha de desarrollo es más abierta, como el Caribe panameño, que tiene un gran potencial para la actividad turística.
De León lo calificó como una herramienta de desarrollo territorial. “No queremos una ley para beneficiar el desarrollo inmobiliario, como centros comerciales y otras actividades no vinculadas directamente al turismo”.
Responsabilidad fiscal
Adaptada a los tiempos actuales, la propuesta incorpora tecnologías innovadoras, impulsa la modernización de la infraestructura existente y diversifica la oferta nacional. Para ello, reconoce el potencial de segmentos especializados como el turismo náutico, de reuniones y convenciones, el ecoturismo, el de naturaleza y el cultural, junto con otros productos de alto valor agregado que permiten incrementar la estadía promedio y el gasto por visitante.
La nueva propuesta incluye mecanismos que refuerzan la responsabilidad fiscal del Estado.
Por su parte, el presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Víctor Concepción, destacó el respaldo de la empresa privada a esta nueva normativa, teniendo como referencia el apoyo a hoteles que deben renovar sus instalaciones, con beneficios fiscales aplicables hasta dos veces en un periodo de cinco años, lo que se traduce en mayor contratación de personal y compra de equipos en el país.
A diferencia de regímenes anteriores, los incentivos estarán sujetos a evaluaciones técnicas, objetivos de clasificación, controles permanentes, fiscalización interinstitucional, separación contable de las actividades incentivadas y salvaguardas para evitar la duplicidad de beneficios.
Coordinación interinstitucional
Asimismo, la nueva ley promueve una mayor coordinación entre la ATP, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección General de Ingresos (DGI), la Autoridad Nacional de Aduanas y demás entidades competentes. Esto se logrará mediante mecanismos de interoperabilidad institucional y la creación de una Ventanilla Única Turística orientada a simplificar trámites, reducir tiempos y brindar mayor seguridad jurídica a la inversión.
El rediseño mantiene un balance entre la sostenibilidad fiscal y la necesidad de acelerar la transformación tecnológica, en consonancia con los lineamientos del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2025-2030, y establece un tratamiento diferenciado para los territorios con deterioro urbano.
El régimen previsto adopta un modelo basado en el principio de corresponsabilidad entre el Estado y el inversionista, y deroga la Ley 80 de 2012, el artículo 1 de la Ley 91 de 2017, la Ley 82 de 2019, el Decreto Ejecutivo 51 de 2015, el Decreto Ejecutivo 364 de 23 de julio de 2020, el Decreto Ejecutivo 319 de 3 de diciembre de 2020, así como cualquier disposición legal o reglamentaria contraria.
El Órgano Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a su promulgación.
Durante el anuncio también estuvieron presentes Nayid Duke, presidenta de la Cámara de Turismo; Cristóbal Valencia, presidente de la Cámara de Turismo de Portobelo; Zara Prado, presidenta del Consejo Nacional de Turismo; y Salomón Shamah, director de Promtur.